Salimos a Caborca con la idea de hacer las entrevistas en un lugar cercano a El Sahuaro, asentamiento del ejido El Bajío, no muy lejos de esa ciudad. Pero después de más de una hora de camino rumbo a Puerto Peñasco, viajamos desierto adentro por una brecha sinuosa que estuvo a punto de atraparnos en sus dunas, otras veces, de reventar una llanta del vehículo por lo afilado de las piedras.

El horizonte desértico, los imponentes cerros de colores cambiantes, los cactus como pequeños guardianes a ambos lados del camino, provocan una sensación alucinante, como de estar en otro lugar, en otro tiempo.

Pero nada te prepara para enfrentarte al tajo. Es una visión brutal. Algo atraviesa el cuerpo, es como una inmensa nostalgia, por algo que fue arrancado de raíz. Una sensación de muerte, de algo perdido que nada devuelve. El tajo es una herida en el corazón de la tierra. Alrededor, el desierto vive, sostiene, guarda silencios y también historias. El desierto está vivo, está lleno de belleza y de riqueza.

Ahí, donde parece que nada se mueve, la vida florece. También se gesta una forma radical de dignidad que no se entiende, hasta que te acercas y escuchas a los protagonistas de esta historia.

Pareciera que el desierto protege la lucha de los ejidatarios de El Bajío. Más allá de lo simbólico que resulta vivir en las ruinas de la mina, estas personas, ciudadanos mexicanos, viven en los bordes de una herida, cuidando que no se vuelva a abrir.

Bajar al tajo es una experiencia aún más abrumadora. Muros de piedra en todas direcciones. Vetas de cientos de metros revelan la antigüedad de la zona. Y los cientos de pozos listos para seguir detonando.

Y en medio de todo, el cubo. Un cubo de 70 centímetros de cada lado como memoria materializada. Como recordatorio constante de la irracionalidad humana. Toda aquella destrucción, toda la ruina, la ausencia y la angustia de mujeres y hombres. Toda aquella muerte para un cubo de 70 centímetros, que representa el total de oro que la familia Bailléres y sus inversionistas sacaron de la mina Soledad – Dipolos.

Este reportaje forma parte del proyecto «Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México»

Erasmo en el tajo. “Por aquí corrían arroyos con la lluvia, había partes que verdeaban. Venían los animales a tomar agua y a alimentarse. Ahora todo está muerto”. Foto: Erika Llaguno

Por Erika Llaguno

En el desierto sonorense, en medio de la nada para el ojo superficial, no solo hay incontables formas de vida en su ambiente áspero, también ha germinado una resistencia a contrapelo de todo pronóstico.

En una situación por demás singular, decenas de ejidatarios del ejido El Bajío de Caborca, Sonora, que fueron desplazados una vez por la violencia, el hostigamiento y las amenazas de la minera Penmont, ahora viven un segundo desplazamiento: no querían dejar sus tierras, pero no pueden vivir en El Sahuaro, que es su asentamiento ejidal, pues su integridad estaría muy comprometida.

Hechos trágicos están frescos en la memoria: dos comuneros muertos y dos desaparecidos levantados por hombres armados.

Son alrededor de 40 familias de ejidatarios que ahora viven un segundo desplazamiento. Pero, de manera insólita, esta nueva movilización forzada los ha llevado directo al lugar de origen del conflicto: se fueron a vivir a la zona justo entre la mina y las presas de jales.

Antiguas casetas de vigilancia, cuartos de máquinas que la minera no desmontó por completo, oficinas semiderruidas, campers abandonados, son lugares que han sido reparados hasta donde fue posible para ser habitados. No solo eso, han reutilizado materiales de las antiguas instalaciones y fabricado con ellos tapancos y cobertizos.

Así, el lugar de reunión en casa de Magui y Erasmo es una gran sombra hecha con tubería y una lona negra arrancada del área de lixiviados. El techo sobre sus cabezas era parte de una alberca llena de químicos.

Tienen más de 5 años viviendo una tranquilidad relativa. Aun estando lejos de sus hijos y del resto de su familia han logrado, de alguna manera, ir más allá de la sola supervivencia y encontrar la esperanza día a día.

Van por agua y víveres a Puerto Peñasco o a Caborca, localizados a 40 kilómetros del entronque el primero, y a más de 100 kilómetros el segundo. A esto hay que sumarle el camino de terracería hacia la mina, que es, mínimo, a una hora con 15 minutos. Lo hacen siempre de día, siempre con desasosiego.

No intentaron dominar el desierto o imponerse, más bien lo respetan, lo cuidan, lo observan, fluyen con él. Tienen miedo, sí, pero no los paraliza. Están organizados, hacen rondines, vigilan. Ven pasar al águila, al berrendo, al cimarrón.

Son hombres y mujeres de fe, de hablar pausado. Hablan de los antiguos, de las venas ocultas que alimentan la tierra. De lo sagrado del palo fierro, de la codorniz, de la tortuga.

“Dios nos ha cuidado mucho porque no estamos haciendo nada malo, al contrario”, comenta Magui.

No piden nada que no les corresponda, no piden caridad. El dolor que expresan no es solo por lo que han tenido que pasar ellos y sus familias, también por lo que hicieron con el territorio.

“Vivimos aquí como si fuéramos delincuentes, en nuestra propia tierra. Queremos ser libres, sin el temor constante de que lleguen con orden de aprehensión”, agrega Erasmo.

Fueron familias desplazadas antes, cuando llegó la minera, y tuvieron que dejar el ejido. Ahora prefieren vivir en la mina, en pleno desierto, que en sus casas ejidales.

Esta sobrevivencia política y emocional tiene un objetivo muy claro: que la minera no vuelva para destruir.

El tajo de la mina Dipolos-La Soledad. El escenario está escondido en el horizonte mientras te acercas, brinca de pronto a la vista. Es impresionante. Foto: Erika Llaguno

Justicia de Papel

La empresa minera Penmont llegó a Caborca en 1997. Con promesas de buenos empleos y beneficios para la comunidad, intentó comprar los terrenos ejidales a precios regalados y promesas falsas. El colmo de las mentiras fue decir que el cianuro no es tóxico, pues “viene hasta en las calabazas”.

Después de tres años, aseguran los ejidatarios, logró firmar contratos con el comisariado ejidal, mismos que no fueron ratificados por la asamblea. Además, los contratos daban permisos sólo de exploración, pero empezaron directamente a explotar el tajo.

Al ver que no había opción, la comunidad resignadamente intentó negociar para recibir una renta justa por las actividades extractivistas, pero la empresa se negó. Cuando se le dijo que se irían a tribunales, la respuesta de la empresa fue: “hagan lo que quieran, van a perder, nuestro patrón tiene mucho dinero y poder”.

De forma arbitraria, en 2005 la minera Penmont, filial del grupo Fresnillo PLC, cuyos mayores accionistas son la familia Bailleres, empezó a extraer oro y plata de la mina Soledad – Dipolos, en el corazón del ejido El Bajío. A los ejidatarios ya no los dejaron entrar, no tenían forma de saber lo que pasaba en su tierra.

Durante años los ejidatarios anduvieron tocando puertas de oficinas gubernamentales, estatales y federales y pagando abogados que luego eran comprados por la minera. En 2011, por fin el primer juicio fue admitido en el Tribunal Unitario Agrario Número 28 de Hermosillo, capital de Sonora.

En el 2013, 67 ejidatarios demandaron a Penmont por despojo, daños ambientales e invasión ilegal de sus tierras para explotación minera. El argumento central fue que los contratos originales con los que lograron entrar carecían de legalidad.

En una sentencia histórica, el magistrado Manuel Loya Malverde resolvió, en noviembre del 2014, que la minera había operado fuera de la ley y que debía restituir el territorio a su condición original, reparar el daño ambiental, además de que debía devolver toda la riqueza a sus dueños.

De 2005 al 2013, de la mina Soledad – Dipolos se extrajo el equivalente a 13.2 mil millones de pesos, cantidad que adeuda a los 67 comuneros cuyas sentencias resultaron favorables, además de la restitución.

La mina perdió en los tribunales, pero siguió operando con total impunidad y violencia, según los testimonios de los ejidatarios.

En 2016, un grupo de 5 ejidatarios, en contubernio con la empresa, le dio entrada a otro actor de nombre Rafael Pavlovich Durazo, tío de la entonces gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, actual Embajadora de México en Panamá.

Con procesos irregulares, Pavlovich Durazo fue reconocido como ejidatario e interpuso una querella por despojo agravado contra 12 comuneros que entonces ya vivían en las ruinas de la mina Soledad – Dipolos.

Se emitieron órdenes de aprehensión. Un convoy de policías estatales y de la Guardia Nacional llegó por ellos.

Después de esto,  la empresa puso otra querella directamente por robo. Fueron 5 los detenidos, quienes estuvieron varios meses en prisión, hasta que se logró acreditar su inocencia.

Mientras, con el terreno libre, la empresa minera y Pavlovich explotaron de nuevo la mina por dos años, este último ayudado por grupos del crimen organizado del cártel de Caborca, según han asegurado los ejidatarios.

“Se repartieron la mina, pusieron un cerco para dividirse la producción y el saqueo”, dice otro de los pocos ejidatarios que accede a platicar.

Fue en este contexto en que el entonces presidente del comisariado ejidal, José de Jesús Robledo Cruz y su esposa María de Jesús Gómez Vega fueron secuestrados en su casa en Puerto Peñasco, en septiembre del 2017. Sus cuerpos fueron encontrados semanas después en las inmediaciones.

En febrero del 2018, un grupo de 15 sujetos armados subió al tajo de la mina y se llevó a Raúl Ibarra de la Paz y a su esposa Elizabeth López Gutiérrez, otra pareja de ejidatarios que vivían en la mina y que encararon varias veces a Pavlovich. Hasta el momento, siguen en calidad de desaparecidos.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno federal las cosas empezaron a cambiar, pero hubo más esperanzas que cambios. Se tranquilizaron lentamente las cosas, aunque todavía en diciembre del 2018 los ejidatarios denunciaron el saqueo del oro por parte de Penmont y de Pavlovich, ahora resguardados por la protección federal.

Por fin, a partir del 2022 los comuneros de El Bajío han tenido una relativa calma. Aun así, por seguridad prefieren vivir en el desierto, en los restos de la mina, que en el ejido.

“Ganamos el juicio, sí, y la empresa tuvo que salir forzosamente, pero dejó un saldo de despojo, ruina y abandono”, exclama Erasmo Santiago, y continúa: “tenemos una justicia de papel que muchas veces parece inalcanzable. Del Estado mexicano sólo podemos contar promesas rotas”.

El proceso judicial sigue abierto, pues la empresa ha dado la batalla legal que ha alargado la posible ejecución.

Desde la antigua caseta, hasta campers todo habilitado para alojar ejidatarios. Fotos: Erika Llaguno

Vivíamos en Paz

De las decenas de familias que viven en la mina Soledad – Dipolos, la mayoría teme por su seguridad. Ante el anuncio previo de nuestra llegada algunas salieron del área para evitar cualquier contacto. Solo tres familias aceptaron platicarnos su experiencia.

El lugar donde viven Erasmo y Magui es el menos inseguro. Es la parte que conserva un cerco alto de malla ciclónica con un portón que abre y cierra. Es donde se concentran las familias cuando observan una situación de peligro, como un convoy de carros civiles o policiales.

Lo saben por experiencia: en marzo del 2016 llegaron patrullas de la Policía Estatal, del Ejército y de la Guardia Nacional, le mandaron decir, como a otros, que solo querían conversar. Ahí mismo aprehendieron a Erasmo bajo el cargo de despojo, al que después se le agregarían usufructo ilegal de la riqueza de la mina.

Por esas imputaciones pasó 1 año y 8 meses en la cárcel. “Yo perdí la razón, me la pasé varios meses fuera de mí”, dice.

La casa de Magui y Erasmo. También es el refugio, el lugar de reunión de todos, cuando sienten peligro o ven autos sospechosos. Foto: Erika Llaguno

Erasmo llegó a Sonora junto con su familia en los ochenta, provenientes de la zona mixteca de Oaxaca en busca de mejores oportunidades de subsistencia. Trabajando la tierra en zonas cercanas se enteraron del reordenamiento de los ejidos.

“Cuando el gobierno dotaba de tierras, la gente pensaba que iban a hacerla producir, a sembrar. Pero hay muy poca agua, sin el apoyo para perforar pozos era muy difícil, así que esos beneficiarios las abandonaron, fue cuando llegamos”, dice Erasmo.

“A nosotros nos dieron esta tierra como de agostadero, fuimos 77 ejidatarios que nos otorgaron poco más de 21 mil hectáreas”, agrega.

Erasmo suspira cuando recuerda cómo era la vida antes de la llegada de la minera. “Vivíamos en paz aquí, queríamos darle uso agrícola, pero como no había apoyo, empezamos a criar ganado, llegamos a tener 400 cabezas de cabras y borregos.

“Da mucho coraje que, viviendo en paz con la naturaleza, empiezan con engaños a explotar el tajo. Ya sabían a lo que venían, destruyeron El Sahuaro, el palo verde, los ocotillos, el arroyo, todo el cerro”.

Lo que Erasmo describe —la pérdida del paisaje, del agua, de la vida que había antes— tiene un nombre, explica el especialista Jorge Tadeo Vargas Juvera: la pérdida del patrimonio biocultural, es decir, la ruptura de aquello que le da identidad a una comunidad.

A Erasmo se le quiebra la voz, se le escapa un sollozo. Se rehace y continúa: “antes aquí crecía pasto cuando llovía, y de ahí se mantenían muchos animales. Ahora la poca agua está contaminada, el aire viene contaminado de los explosivos de La Herradura, aquí ya no crece nada”.

La Herradura es la otra mina de la familia Bailleres, a unos cuántos kilómetros hacia el sur, en el ejido con el mismo nombre. Esa mina nunca ha dejado de producir, pues los dueños de esas tierras no pudieron hacer nada. Aceptaron, también con engaños, las condiciones de la minera.

“Todos firmaron, todos se chingaron”, les dijo el abogado.

La pérdida del patrimonio biocultural, lo que identifica claramente a una comunidad es lo que se rompe con el desplazamiento, nos explica el especialista Jorge Tadeo Vargas Juvera.

Después de años de acompañar muchos movimientos sociales ambientalistas, conoce bien el tema: “con la minería es más impactante porque, a la vez que hay pérdida en el imaginario social, el paisaje sufre un cambio bárbaro”.

Vista panorámica de las piscinas de desechos tóxicos. Video: Erika Llaguno

Lo que ocurre en El Bajío no es un caso aislado. De acuerdo con organizaciones civiles, de 1992 a 2022 se generaron 386 mil personas desplazadas internamente por la minería, siendo los estados de Guerrero, Michoacán y Sinaloa los más afectados.

“El resquebrajamiento del tejido social empieza desde que hay comuneros que se ponen a favor del proyecto minero y otros que lo rechazan, es el primer conflicto”, dice Vargas Juvera.

La pérdida del patrimonio y de su forma de vida provoca refugiados o migrantes ambientales, y quienes lo padecen luego tiene que lidiar con manifestaciones de xenofobia y racismo.

En el ejido Bajío, los ejidatarios saben bien que las líneas entre autoridad y delincuencia se borran fácilmente: más de una vez vehículos oficiales han ido acompañando a civiles armados del cártel de Caborca, de Rafael Caro Quintero y su familia.

Los y las testigos de esto, cuidan, hasta donde es posible, su identidad, pues cuando dieron sus nombres, a los tres días llegaron con órdenes de aprehensión en su contra.

“Si no estuviéramos aquí, ya hubieran acabado con todo, no se puede dejar a estas gentes, vienen a manotear la riqueza, se metieron con el fin de quedarse con la tierra.»

“Pensaron que la gente no se iba a defender, pero el ejido el Bajío no se dobla”, enfatiza Erasmo.

Las consecuencias no se quedan solo en la pérdida de la tierra o del trabajo, también alcanzan a las familias y a los hijos, explica el especialista Jorge Tadeo Vargas Juvera.

“El problema tiene impactos diferentes en cada segmento de la gente. Las personas más grandes suelen caer en una profunda depresión, situación que puede agravarse. Las infancias ven perdida la idea de comunidad y de un ecosistema natural, y pasan a un ecosistema de mosaicos”.

Agrega que, en unos años solo conocerán los ecosistemas sanos y limpios a través de una pantalla. Al estar creciendo en un ambiente adverso, se normaliza como si fuera lo único que existe.

Ese impacto se volvió parte de la vida diaria para familias como la de Magui, esposa de Erasmo.

Para ayudar en la economía familiar, Magui tenía una tienda de abarrotes. Cuando lo detuvieron tuvo que cerrarla porque debía dedicarles más tiempo a sus hijos.

“Antes de eso vivíamos bien. Tenía 2 hijos en la primaria y 2 en la preparatoria. Los más chicos sufrieron discriminación en la escuela, pues sus compañeros se burlaban porque ‘su papá estaba en la cárcel’. Luego, poco a poco se pusieron de su lado.»

“No comíamos muy bien, pero era suficiente. Yo me iba con mis hijos a trabajar en la Y griega (campos agrícolas cercanos), me los llevaba a la pizca de aceituna en plena temporada de calor”, recuerda Magui.

También tuvo el apoyo de su familia para salir adelante, incluso para conseguir atención médica, pues la salud mental de Erasmo se vio afectada durante su tiempo en prisión.

El diagnóstico, según cuenta Magui, fue que el coraje, la tristeza y la frustración por lo que estaba pasando lo habían enfermado, y el tratamiento no era barato.

Después del tiempo que vivió Erasmo en prisión, la pareja tuvo que vivir otro episodio de pesadilla.

Erasmo y Magui. Foto: Erika Llaguno

“Levantaron hasta el perro”

Magui y Erasmo fueron secuestrados por sicarios junto con otros compañeros.

“Llegaron hasta acá y nos amagaron con armas largas, nos subieron en la caja de un pick up, unos arriba de otros, sin poder levantar la cabeza”, recuerda Magui. “Yo me llevé en los brazos al perro que tenía entonces, no lo quise dejar ahí. Nos dijeron claramente que no volviéramos al ejido. A los hombres los golpearon, como que les tenían mucho coraje”.

Les dijeron que su patrón no quería a nadie en esas tierras, que las quería para él, por las buenas o por las malas.

“¿Y quién es tu patrón?”, cuenta Magui que se animó a preguntar.

“Usted sabe quién es mi patrón”, le respondieron con amenazas: “la próxima vez no les vamos a perdonar la vida, sabemos dónde está su casa en El Sahuaro, donde estudian sus hijos”.

Lamenta que es algo que pueden hacer porque tiene el dinero para mandar a cualquiera a secuestrar a uno de sus hijos para doblegarlos, “así es como actúan”.

Las amenazas y el secuestro que vivieron tampoco son hechos aislados. “El crimen organizado está muy metido en la minería, no directamente con las cúpulas empresariales, pero sí con los mandos locales, ya sea dando protección, o con otro tipo de relación turbia”, explica Vargas Juvera.

“Esto es muy común, incluso han desaparecido trabajadores de alguna empresa cuando hay competencia entre proyectos mineros. En territorios en disputa, las mineras y el crimen organizado hacen, digamos, una simbiosis de trabajo”, apunta el especialista en movimientos sociales ambientalistas.

Después de varias horas de camino, Magui, Erasmo y sus vecinos fueron liberados a medianoche en una brecha en el desierto. Les prohibieron caminar, porque si los encontraban algún otro grupo, estos no se tocarían el corazón.

“Nos acurrucamos como pudimos para pasar la noche. Pero Dios no nos abandonó, nos siguió protegiendo. El perro ahuyentó con sus ladridos a los coyotes y a otros animales hasta que amaneció y logramos caminar hasta la carretera”, recuerda Magui.

“Por eso mandamos el mensaje a la gente, que, si llega una mina, no la dejen entrar, porque empiezan los problemas. A la presidenta Claudia Sheinbaum, por este medio le pedimos que nos ayude, tenemos la esperanza en ella, porque López Obrador no nos ayudó”, agrega la ejidataria.

El desierto. Foto: Erika Llaguno

“El desierto es así”

Dormir a la intemperie en medio del desierto es una experiencia fascinante. Pero ellos lo hacen no por la vista cósmica, sino porque, si se meten a los campers, no escucharán si algún vehículo se acerca, ni el ladrido de aviso de los perros.

Además de la Peque y el Salchichón, dos canes de raza pequeña, tienen cuatro perros grandes cerca de la entrada. Ellos avisan de cualquier movimiento extraño. Y no sólo eso, como parte de su proceso de adaptación, tienen tortugas, decenas de gallinas y gallos, patos, canarios y hasta un pavo.

Están asentándose, posesionando lo que ya es suyo, mientras el desierto los hace parte de su entorno vivo.

La comunidad tiene poco más de 5 años viviendo así, en condiciones que muchos consideran intolerables. Sin servicio de agua o electricidad, sin drenaje y sin tienda de conveniencia a tres minutos como en cualquier ciudad. El agua, víveres y gasolina los llevan desde Puerto Peñasco, a más de 4 horas de ida y vuelta. Para la energía eléctrica tienen algunos paneles solares y pequeñas plantas que se encienden cuando es necesario.

Han logrado superar las condiciones adversas, tanto del espacio desértico, como de su situación de inseguridad. Ahora son gente del desierto.

Vestigios de la contaminación el agua en el entorno minero. Foto: Erika Llaguno

“Tenemos miedo, claro, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Allá en nuestros hogares, somos presa fácil”, dice Demetrio, otro desplazado.

El apoyo de los que viven afuera ha sido determinante, tanto por la ayuda económica como por el impacto mediático que se ha logrado hacer, incluidas las manifestaciones realizadas en reuniones en Europa de los dueños de la mina y sus inversionistas.

Entre la mayoría de los ejidatarios hay unidad. Aunque estén separados, hay constante comunicación. Quienes están lejos están pendientes de sus compañeros. Les brindan apoyo moral y económico, pues saben que su lucha es la de todos, por las tierras.

La Fundación El Bajío ha logrado hacer lazos importantes con organizaciones mexicanas como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y otras de corte internacional.

“La empresa nos tiene bien vigilados, cada tantos días pasa la avioneta, pero además en las noches nos visitan los drones que mandan desde La Herradura”, comenta Erasmo. “Saben perfectamente que aquí estamos, cuántos y cómo”.

Lo que no saben es la férrea determinación de estos ejidatarios, que están invirtiendo su vida en defensa de su territorio.

“Aquí arriba un policía es un enemigo”

Además del apoyo de sus compañeros, los comuneros que viven en la mina encontraron en la observación de la naturaleza una manera de subsistencia. Con la ventaja de que viven en el territorio, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ha empleado a varios de ellos para la documentación de especies de flora y fauna.

Los rondines de seguridad también lo son para fotografiar, anotar, encontrar cambios en los patrones de la vida en el yermo.

Julia y Demetrio son un matrimonio de ejidatarios que se vino a vivir al tajo abandonado. Él trabajó antes como contratista en Tijuana y en Hermosillo.

“Lo que más duele es no estar con la familia, pero estamos aquí porque estamos cuidando. Es duro acá arriba, no hay agua, ni luz, ni nada, a veces estamos incomunicados por días, no hay comodidad”, dice Julia.

A lo que más le temen es a la empresa minera. En la noche se turnan las vigías, avisan de inmediato cuando divisan un carro. Cuando ya lo reconocen, se tranquilizan.

“Mis hijas e hijo ya están grandes, lo bueno es que no los tenemos aquí”, dice Demetrio.

De todas las familias que salieron de El Sahuaro, algunas se fueron a ciudades cercanas o al extranjero. Otras, como Julia y Demetrio, se fueron a Tijuana, cuando decidieron volver, lo hicieron al tajo.

“En El Sahuaro estamos muy expuestos, aquí estamos un poco más seguros. Pero si viene una columna de carros, hay que correr, porque si viene la policía es para llevarnos”, dice con seguridad Demetrio.

Y agrega: “aquí arriba un policía es un enemigo, en lugar de darte gusto, lo mejor es correr y esconderte. Si nos vamos, la minera se mete de nuevo, ya pasó una vez, cuando metieron presos a los compañeros. Cuando levantaron a Raúl y a Elizabeth dejaron una cartulina con algunos nombres, ahí estaban el mío y el de Erasmo. Nos daba terror salir a la carretera”, confiesa.

Una vez llegó una unidad del Ejército Mexicano con actitud muy prepotente, pidiendo documentos, tumbando cercos. “A unos muchachos los tenían ahí con la bota en la cabeza, luego les robaron sus provisiones, los dejaron sin comida”, recuerda.

En la ocasión más reciente, hace un par de años, subieron unos actuarios a dejar citatorios.

-¿Por qué no se van? ¿qué los tiene aquí?

“Nos mantiene la fe de que se va a lograr, estamos peleando por este derecho que tenemos”, responde Demetrio.

Julia y Demetrio. Una de las parejas que ahora viven en las ruinas de la mina. Sus hijos ya son adultos, viven en la frontera. “Sí tenemos miedo, pero buscamos reírnos, la risa deshace el miedo”. Foto: Erika Llaguno

El peso de la ausencia

Cuando las familias tuvieron que salir de El Sahuaro, los hijos eran menores y cambiaron de escuela, los adultos dejaron su trabajo y sus actividades económicas.

Después de la resolución judicial a su favor, en 2014, algunos regresaron. Otros no: a pesar de haber ganado, el miedo los mantiene lejos.

Esa realidad se refleja en historias como la de Pedro.

Pedro es un hombre sencillo, de campo. Se va a la pizca del espárrago, de la aceituna, la uva, el chile, el tomate rojo, el tomatillo y el cebollín. Anda “correteando” temporadas.

De barba entrecana y el rostro quemado por el sol, está acostumbrado a las faenas duras. Es fuerte, pero sus ojos se llenan de humedad cuando habla de sus hijos y de la ausencia de su esposa.

Después de la desaparición de Jesús y Elizabeth, tuvo que irse un tiempo a la frontera. “Uno es asalariado, tiene que seguir trabajando para sacar a los pequeños adelante, tuve que ir a buscarle, porque aquí no se podía”.

Manifiesta que para él, justicia sería que se acabe el conflicto, “porque el dolor de perder a la familia, de estar lejos, eso no tiene recuperación. Yo perdí a mi esposa, ahora soy padre y madre, enseño a mis hijos a cocinar. Cuando me arrestaron y me mandaron al penal de Nayarit, ella estuvo batallando mucho, por eso mejor se fue”.

Entre las ruinas de la mina, Pedro cambia de “residencia” cada tanto tiempo, anda “como los húngaros”. Asegura que prometió apoyar la causa del ejido y así lo hará, en las buenas y en las malas.

Explica que la razón por la que estuvo preso es porque el Ejército le sembró un arma después de una llamada “anónima” que lo había señalado como que estaba robando en su propia tierra.

“Duré 2 meses con 28 días, hasta que la mesa directiva de nuestro ejido logró nuestra libertad. Yo tenía 6 hijos, unos en la secundaria y otros en la primaria, me enfermé de la preocupación.»

“Ahora mismo mis hijos están solos, no sé si comen bien o no, yo voy dos veces por semana, pero con el riesgo. Yo les dije, si algún día yo no llego, si me desaparecen, no se meten en problemas, mejor busquen a su madre y se van”, confiesa Pedro.

Pedro cuenta su historia. El sol le pega en la cara, él no se inmuta. Conforme se acuerda, se entristece, llora. No se da cuenta de su tremenda fuerza. Foto: Erika Llaguno

Complicidad sistématica, dignidad obstinada

Un aspecto que irrita mucho a los comuneros es que, cuando sube cualquier tipo de cuerpo de seguridad o militar, siempre llegan protegiendo a la minera, como si los ejidatarios fueran los criminales, los invasores.

“¿Por qué el Estado mexicano no está garantizando la seguridad, los derechos humanos y la integridad de la población? Vaya, ni siquiera está garantizando una solución. Habría que hacerles esta pregunta a las autoridades”.

Según Vargas Juvera, el problema del desplazamiento no está siendo visto, revisado o protegido por la Ley de Minería, “una ley que está hecha más para la protección de los empresarios que para las propias comunidades”.

“¿Por qué no se ha cumplido la sentencia en el Bajío? Por las mismas razones que no se cumplen en muchos otros lugares: porque no hay quién tenga el valor de hacerlas cumplir y echarse de enemigo a las empresas mineras, que en muchas ocasiones son los padrinos de muchas autoridades.»

“La ley en México es un parapeto que no sirve de mucho, cambia de color y de forma dependiendo a quién tiene que servir, y lamentablemente, casi siempre está al servicio de los poderosos, ¿no?”, reclama el especialista.

Se solicitó una postura oficial al Gobierno del Estado, así como algún comentario a la representante popular del distrito, sin que hubiera respuesta hasta el momento de la edición de este reportaje.

La mina Soledad-Dipolos fue, como todas las minas, una pequeña ciudad, con todos los servicios necesarios para su funcionamiento. Hoy es desolación, nostalgia, pero también es esperanza.

Han sido muchos años de atropellos, de lucha intensa, de inestabilidad. Quizá por ello han aprendido a vivir al filo de la incertidumbre, ahí junto al tajo, como centinelas de su entorno, para que la vida prevalezca sobre esa demanda antiquísima – y aún actual – de los metales preciosos.

En el mapa de las concesiones mineras de la entidad, en el recuento de hoyos, de heridas abiertas que tiene la geografía sonorense, Soledad-Dipolos es algo distinto. Es una anomalía, una fluctuación negativa en las pantallas de las bolsas de valores, ahí donde ganan los de siempre, ahí donde el pueblo es solo una variable.

Esa anomalía se sostiene, todos los días, en la decisión de quienes siguen ahí.

“No nos vamos a ir”, dice tajante Erasmo, “no le vamos a dejar las tierras a esa gente ambiciosa. Sabemos que en cuanto nos vayamos se van a volver a meter. Nos pisotean como si no existiéramos, como si los dueños de la tierra no valieran”.

Lo que para ellos es una decisión de vida, para otros es también una exigencia de justicia.

“¿Qué es justicia? que nos pague la minera lo que se llevó y que haga reforestación, que restituya el territorio. Es un absurdo que la misma empresa que está violentando a esta comunidad, sin ningún problema esté generando ganancias en otra mina. Se tendría que solucionar primero la problemática de El Bajío”, dice Jorge Tadeo.

Para el ambientalista, la responsabilidad de la empresa es total y el Estado es cómplice por acción y omisión, por lo que la comunidad tiene todo el derecho de decir: “no, que se vayan”.

Erasmo lo tiene muy claro cuando dice: “La tierra se tiene que defender… nuestra lucha es hasta las últimas consecuencias”.

Entre 2010 y 2013, la minera Penmont extrajo de manera ilegal. 236.709 oz de oro, según consta en sus reportes. para ello dinamitó y movió 10 millones 833 mil 527 toneladas de piedra, la sentencia del tribunal unitario agrario del distrito 28, emitida el 8 de diciembre de 2014, obliga  a Penmont a regresar el oro extraído, el cual formaría un cubo de 70x70x70 cm y tendría un valor de 436 millones de dólares. Foto: Erika Llaguno

 

“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.