En Oaxaca, el 75 % de las mujeres privadas de su libertad no cuentan con una sentencia que compruebe su culpabilidad

#Juchitán 21 mar (#IstmoPress) .- Dolores, una mujer oaxaqueña, jefa de familia y madre de una menor de 7 años, fue liberada de prisión en el Centro de Reinserción Social Femenil “Tanivet” después de 2 años y 11 meses de vivir en prisión preventiva, fue victima de violencia de género en el ámbito de acceso a la justicia. Su caso como el 75 por ciento de las mujeres de Tanivet no cuentan con una sentencia que compruebe su culpabilidad, así lo informó la organización social “Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal)”.

El abogado de Asilegal, Eduardo Calderón explicó que Dolores fue liberada el 16 de marzo pasado después de dos años y 11 meses que pasó en prisión. “A Dolores la detuvieron el 8 de mayo del 2014, fue detenida arbitrariamente acusada de la presunta comisión del delito de privación ilegal de la libertad y fue victima de una violencia de genero que existe en el ámbito del acceso a la justicia, pues nunca hubo una sentencia de culpabilidad y así el 75 por ciento de los casos”.

El abogado reconoció las principales violaciones que Dolores sufrió durante su proceso son: la realización de una audiencia sin su presencia, así como la omisión al deber de objetividad y lealtad de la Fiscalía quien sabiendo que tanto la vinculación a proceso como la acusación estaban basadas en pruebas no sólidas y no se promovió el sobreseimiento con el que se reconocía la inocencia de Dolores sino fue hasta el 15 de marzo cuando comenzó la etapa de juicio en el caso.

“Después de múltiples argumentaciones, el Ministerio Público finalmente admitió que no contaba con las pruebas suficientes para comprobar la culpabilidad de Dolores. El hecho de que tuvieran que pasar más de dos años para que el Ministerio Público pudiera llegar a esa conclusión, demuestra su incapacidad para hacerle frente a un Sistema de Justicia de corte acusatorio adversarial”, dijo.

El jurídico de Asilegal reconoció que está situación no solo lo vive el estado de Oaxaca sino también Chiapas y Guerrero, en donde es necesario de operadoras y operadores de justicia capacitados para lograr los objetivos esenciales del proceso penal como lo son el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, lo anterior bajo el principio fundamental de presunción de inocencia y debida diligencia, principios que se vulneraron en el caso de Dolores.

“Además de las violaciones jurídicas, la joven mujer y jefa de familia fue víctima de una grave violación a sus derechos reproductivos debido a que cinco días después de haber sido detenida le fue practicado un legrado sin que se contara con las condiciones médicas necesarias, sin informarle del procedimiento y sin que se le hubiera dado el tiempo necesario para su recuperación y en el hospital en el que finalmente le hicieron el legrado, en un principio le negaron la atención porque no estaba aseada”, expresó.

Recalcó que Asilegal identificó que en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio que desde el 2011 se implementa en el estado de Oaxaca existe la dificultad para la correcta valoración de la evidencia probatoria la cual quedó demostrada en la omisión de la debida diligencia por parte del órgano investigador y del cuerpo pericial que conocieron del caso de Dolores.

“En Asilegal queremos enfatizar el impacto que tiene el rompimiento de vínculos afectivos importantes como son los familiares cuando las mujeres son acusadas de un delito que no cometieron. En el caso de Dolores, por ejemplo, ella era el único sustento de su hija que ahora cuenta con 7 años de edad”, indicó.

Reconoció que desafortunadamente el caso de Dolores constituye un referente de las deficiencias que prevalecen en el sistema de justicia penal y son prueba de la necesidad de que en las instituciones se cuente con personal capacitado para implementar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio con base en el respeto a los derechos humanos.

“Es triste ver no se cuenta con interpretes especiales en los juicios orales, el proceso es dilatorio porque el sistema se ha desbordado, se ha superado el numero de casos y existe una falta de capacitación y capacidad de las infraestructuras e impartición de justicia”, aseveró.

 

Diana Manzo/Agenncia de Noticias IstmoPress

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