Por acoso y violencia institucional vincula a proceso Zeyda María Olimán Hoyos, jefa del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” (CAE)
Por Diana Manzo
Oaxaca, Oax. — En un hecho sin precedentes en México, la doctora Guadalupe López Martínez, residente médico de cirugía Maxilofacial originaria de Juchitán, Oaxaca, logró que se vincule a proceso penal a una jefa de residencias médicas por el delito de acoso laboral con repercusiones físicas y psicológicas.
La imputada es la doctora Zeyda María Olimán Hoyos, jefa del servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” (CAE), ubicado en Xalapa, Veracruz, quien enfrentará un proceso judicial tras ser denunciada por violencia laboral ejercida durante casi tres años.
La doctora López Martínez, de origen zapoteca, relató que desde el inicio de su residencia en cirugía maxilofacial fue víctima de un entorno hostil caracterizado por agresiones físicas, insultos, discriminación, acoso y represalias sistemáticas. Como resultado del maltrato sostenido, desarrolló un cuadro de desnutrición severa, perdiendo más de 15 kilogramos en menos de un año, además de ser expulsada de manera arbitraria del hospital.
“Todo lo que viví constituye una violación directa a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como al Convenio de Belém do Pará, ambos instrumentos jurídicos que obligan al Estado mexicano a prevenir, sancionar y erradicar la violencia institucional y de género”, declaró.
La vinculación a proceso se basa en el artículo 366, párrafo 21, del Código Penal del estado de Veracruz, que tipifica la violencia ejercida en contextos de jerarquía institucional.
Aunque la imputada aún no ha sido sentenciada y permanece en funciones, la médica denunciante consideró este paso como una victoria simbólica y jurídica importante, no solo en lo personal, sino para los cientos de médicos residentes que han sufrido violencia sistemática en instituciones de salud pública.
“Este proceso judicial no solo visibiliza la problemática; también representa un parteaguas. Por primera vez se reconoce jurídicamente que los residentes somos víctimas potenciales de abusos dentro de estructuras jerárquicas sin mecanismos reales de protección”, señaló.
Asimismo, López Martínez denunció penalmente al director del hospital, Rafael Norberto Hernández García, quien también fungía como jefe de enseñanza, por su presunta responsabilidad en la falsificación de documentos oficiales y el encubrimiento de los hechos denunciados.
El caso ha tenido repercusiones estructurales: para el nuevo ciclo académico, la sede ha quedado sin residentes en cirugía maxilofacial, y otras especialidades como medicina interna, cirugía general, imagenología y ortopedia también enfrentan una crisis por falta de aspirantes, en un contexto de múltiples quejas por violencia institucional, acoso y represalias.
“Sabemos que hay más personas que quisieran denunciar pero tienen miedo. Yo he enfrentado amenazas, hostigamiento y aislamiento, pero decidí hablar. Hacer visible este patrón es el primer paso para que deje de normalizarse”, concluyó.
