Debe investigarse a titulares de la extinta PGR por delitos y manipulación del caso Iguala: Salomón Jara

#México 7 Sep (#Istmopress) – Es indignante que por la violación del derecho al debido proceso de los presuntos responsables en el caso Iguala, estos pudieran quedar libres y con ello dificultarse garantizar justicia, verdad, reparación integral del daño y la no repetición para las víctimas y sus familias, expresó el senador Salomón Jara Cruz.

El senador del grupo parlamentario de Morena afirmó que respaldan la instrucción que ha dado el Presidente de la República a fin de que la Fiscalía General de la República inicie una investigación en contra de jueces, ministerios públicos y autoridades responsables de la investigación de la entonces Procuraduría General de la República.

“No puede haber contemplaciones de ningún tipo para funcionarios que fueron omisos en el cumplimiento de su responsabilidad, tienen que ser sancionados con todo el peso de la ley; las pesquisas deben llegar hasta las últimas consecuencias y si se comprueba que el ex Procurador Jesús Murillo Karam y sus sucesores en el cargo tienen alguna responsabilidad, pues deberán afrontar las consecuencias penales”, sentenció el legislador oaxaqueño.

Exteriorizó que la violación de los derechos humanos de los presuntos responsables de la comisión de un delito como una práctica institucionalizada, junto a la corrupción y la ineficiencia e ineficacia de policías y ministerios públicos, representa la herencia maldita de los gobiernos neoliberales en materia de procuración de justicia.

“La llamada “puerta giratoria”, o mejor dicho, la puerta de la impunidad, se debe más a las deficiencias procidementeales y violaciones a los derechos humanos que cometen policías entre el momento de la detención de un presunto responsable y su presentación ante un juez; es en ese lapso que se caen las consignaciones y las sentencias condenatorias”, afirmó el senador.

Hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para que realice una investigación profesional, imparcial y apegada a derecho, que garantice fincar responsabilidad penal a aquellos funcionarios que obstaculizaron localizar a los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y detener a los responsables de los terribles hechos ocurridos aquella noche del 26 de septiembre de 2015.

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