Estado Mexicano ansioso de atraer inversiones sin importar la violación de los DH : ONG
#Juchitán 10 junio (#Istmopress).- Elena Vllafuerte Mata, integrante del área de justicia trasnacional de la organización social “Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales AC (ProDESC)” informó que el estado mexicano vive ansioso de atraer inversiones extranjeras para megaproyectos y no toma en cuenta los derechos humanos en las comunidades indígenas.
“Son justamente las empresas del capital transnacional las que están envueltas en la captura corporativa del Estado. En donde se ve muy claramente la influencia, incluso la omisión del Estado, para garantizar las omisiones de esa compañías”, dijo Elena Villafuerte.
Dijo que en el informe sobre derechos humanos y comunidades indígenas que se presentó en Ginebra, Suiza documenta las violaciones a los derechos humanos cometidas por empresas transnacionales en México, en las cuales al menos se han registrado 32 agresiones a defensores de los derechos humanos.
“Más de 100 organizaciones civiles colaboraron a documentar estos atropellos durante la visita de un Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas para este tema. Grupo México, Grupo Higa, Monsanto, Energía Eólica del Sur, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad son algunas de las grandes empresas que han sido señaladas de violentar los derechos humanos y a quienes intentan defenderlos”, explicó.
Dijo que la respuesta de los representantes del Gobierno federal del Presidente Enrique Peña Nieto ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha resultado evasiva conforme a la gravedad del problema, lamentaron las organizaciones que participaron en el proceso de documentación.
“El actual gobierno mexicano vive con una ansiedad de conquistar el capital extranjero, quién sabe como lo logre y eso ha generado una violación constante de los derechos de los pueblos originarios, no les importa la violación que se genera en materia de derechos humanos y de consulta indígena”, dijo.
Enfatizó el caso de Eólica del Sur en Juchitán, en donde la consulta indígena realizada del mes de noviembre del 2014 a julio del 2015 (la primera para pueblos originarios) lo que se logró fue una consulta a modo y violando el convenio 169 de la OIT, es decir no se cumplió el respeto a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuda.
El informe de la ONU exige que: “Las consultas deben realizarse lo antes posible en el proceso de diseño de los proyectos y han de dejar abierta la posibilidad de que algunos proyectos no sean viables”. Sociedad Civil denunció que en 32 de los casos documentados de abusos por parte de empresas se vulneró el derecho a la tierra y el territorio y en 28 casos el acceso a la información.
Diana Manzo/Agencia de Noticias Istmopress