Niñas, no madres: embarazo infantil, violencia sexual y uniones forzadas revelan una crisis de derechos humanos en Chiapas

 

El estado ocupa los primeros lugares nacionales en embarazo infantil y adolescente, un fenómeno impulsado por la pobreza extrema, la violencia sexual y la persistencia de uniones forzadas, esta situación priva a las niñas de su derecho a la educación y la salud, exponiéndolas a graves riesgos físicos y a ciclos de violencia doméstica

Mitzi Fuentes / Chiapas Paralelo

En Chiapas, cada mes decenas de niñas —muchas menores de 15 años e incluso de 10 u 11— quedan embarazadas. Detrás de estas cifras hay historias de violencia sexual, pobreza, matrimonios forzados y fallas institucionales que organizaciones civiles consideran una crisis de derechos humanos contra la niñez.

Datos de instancias oficiales y organizaciones sociales señalan que el estado se mantiene entre los más altos del país en embarazo infantil y adolescente, un fenómeno asociado a desigualdad social, deserción escolar, falta de acceso a servicios de salud sexual y prácticas comunitarias que normalizan las uniones tempranas.

El informe más reciente de la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS), basado en estadísticas del CONAPO, INEGI y registros locales, documenta la magnitud de este problema en la entidad.

El estado con más embarazo infantil

En 2020, Chiapas se colocó como el estado con mayor número de embarazos en niñas menores de 15 años, con 1,139 casos, lo que equivale a aproximadamente 95 niñas embarazadas cada mes.

La cifra refleja un fenómeno persistente en la entidad que supera el contexto nacional; Ese mismo año, México registró una tasa de embarazo adolescente de 68.5 nacimientos por cada mil adolescentes, la más alta entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con REDIAS, las niñas que viven en situación de pobreza tienen 5.1 veces más probabilidades de quedar embarazadas. En el caso de niñas indígenas que además viven en pobreza, la probabilidad aumenta hasta siete veces.

El fenómeno tampoco se distribuye de manera homogénea. Municipios como Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo y Ocozocoautla concentraban desde 2019 algunos de los mayores registros. El caso más extremo es Mitontic, que en 2020 se ubicó como el tercer municipio con la tasa de embarazo adolescente más alta del país.

En total, 36 de los 124 municipios de Chiapas registraban tasas superiores a 100 nacimientos por cada mil adolescentes, lo que refleja la magnitud del problema en distintas regiones del estado.

Una tendencia que no se detiene

En 2021, Chiapas volvió a encabezar el número de embarazos en niñas de 10 a 14 años, con 715 casos, es decir, cerca de 59 cada mes. Ese mismo año se registraron 10,736 embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años, lo que equivale a 29 partos diarios.

Para 2022, la entidad nuevamente ocupó el primer lugar nacional con 10,929 embarazos en niñas y adolescentes, concentrados principalmente en municipios como Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán y Las Margaritas.

Durante ese mismo año, organizaciones civiles documentaron 11 embarazos forzados en niñas menores de 11 años, mientras que 8,713 niñas y adolescentes se convirtieron en madres, lo que equivale a 726 casos cada mes.

La historia de Paty

En las inmediaciones de una vivienda en el municipio de Chanal, una adolescente de 15 años —identificada como Paty para proteger su identidad— accedió a compartir su historia. Habla tzeltal y desde hace siete meses vive con su pareja, un joven de 16 años.

Lo que parecía ser una visita a la cocina familiar —donde conviven cuatro niñas de entre 6 y 12 años— se convirtió en el inicio de un diálogo revelador. Sentada junto al fogón y bajo la mirada curiosa de las niñas, Paty pidió cambiar de escenario.

La conversación continuó durante una caminata por el campo, lejos de la casa de sus suegros y de los oídos de las pequeñas.

Originaria de Chanal, en la región Altos de Chiapas —un municipio clasificado por el INEGI y el CONAPO con muy alto grado de marginación— Paty cursa un embarazo de tres meses, “creo estoy embazada no me abajado mi menstruación” expresó.

Su apariencia refleja aún rasgos claramente infantiles: rostro redondo, complexión delgada, larga cabellera negras y profundas ojeras que contrastan con la realidad que describe como “difícil y compleja”.

“Estaba mejor cuando estaba soltera”, dice la adolecente con una leve sonrisa mientras mira al suelo.

La adolescente relata que apenas terminó la primaria, aunque ingresó a la secundaria, abandonó los estudios por falta de recursos y motivación. “Me dio flojera seguir”, comenta.

Sobre su embarazo, confiesa que nadie lo sabe. No ha acudido al médico ni ha recibido atención de alguna partera o institución de salud.

“No he ido al médico en los meses que tengo de embarazo. Nadie lo sabe, tengo miedo al qué dirán”, dice con evidente angustia.

Hoy reconoce que nunca imaginó cómo sería la vida en pareja -ante la pregunta-  responde con un leve gesto de desagrado “No me agrada estar juntada, estaba mejor cuando estaba soltera, aquí solo recibo insultos y regaños”

Violencia y amenazas

Paty denuncia que su pareja, José, de 16 años, la ha agredido verbalmente en repetidas ocasiones. “En las noches recibo golpes en los hombros”, relata.

La joven también asegura que ha sido amenazada con ser reemplazada por otra mujer. “Tengo miedo porque me regaña y me insulta, hay una imposición en todo lo que hago”.  Dice que los insultos son reforzados también por los suegros, que no sabe a quién acudir para pedir ayuda.

Entre el arrepentimiento y el silencio

Respecto a su unión, Paty explica que su pareja “la fue a pedir” en dos ocasiones, la primera vez sus padres se negaron; en el segundo intento permitieron que se fuera a vivir con él.

“Nos conocemos porque somos vecinos. Nos unimos porque lo decidimos los dos”, explica.

Según su relato, los padres del joven llevaron refrescos y comida para la celebración, afirma que no hubo dinero de por medio para su unión. 

A pesar de la confianza que mostró durante la conversación, la adolescente pidió discreción. Teme que sus cuñadas —aún niñas— informen a su familia, lo que podría desencadenar más conflictos.

La situación de Paty refleja una realidad estructural en comunidades indígenas y rurales de Chiapas, donde el matrimonio temprano, la deserción escolar y la falta de acceso a servicios de salud reproductiva siguen siendo desafíos persistentes.

Violencia sexual detrás de los embarazos

Diversos organismos coinciden en que la mayoría de los embarazos en niñas no son resultado de decisiones libres, sino consecuencia de violencia sexual. Por ello, especialistas definen el fenómeno como fecundidad forzada.

“Obligar a una niña o adolescente a continuar un embarazo es una forma de violencia que pone en riesgo su integridad física, emocional y su proyecto de vida”, advierte REDIAS.

Las cifras también reflejan profundas desigualdades de poder. En 2023, por ejemplo, se documentaron casos de madres de 15 años cuyos esposos tenían entre 12 y 54 años.

Matrimonios forzados y acuerdos comunitarios

En diversas comunidades indígenas, organizaciones civiles han documentado prácticas que perpetúan estas situaciones.

Integrantes de Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud A.C. (ACASAC) señalan que muchos embarazos infantiles están relacionados con uniones tempranas o matrimonios forzados que en ocasiones se justifican bajo la figura de “usos y costumbres”.

Mario Gómez, colaborador de la organización, explica que en algunas comunidades de Los Altos de Chiapas las adolescentes son obligadas a casarse cuando se descubre que mantienen una relación de noviazgo o intercambian por fuertes cantidades de dinero.

“Las autoridades comunitarias encarcelaban a los jóvenes y la solución que proponían era que se casaran o que el hombre pagara una compensación económica”, relata.

También se han documentado casos de violencia sexual que se resuelven mediante acuerdos económicos entre familias, sin intervención del sistema de justicia.

Francisco Gómez, investigador de ACASAC, advierte que muchas de estas uniones no se registran legalmente.

“La mayoría son uniones libres que no pasan por el Registro Civil, por eso es difícil dimensionar el problema”, explica.

Violencia sexual: un delito que sigue creciendo

El embarazo infantil también está vinculado con el incremento de delitos sexuales contra menores. Datos de la Fiscalía General del Estado indican que las denuncias por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes aumentaron 5 por ciento en 2025, al pasar de 312 casos en 2024 a 412 hasta agosto de 2025.

El perfil de las víctimas muestra un patrón claro: 90% tienen entre 12 y 17 años, 80% son mujeres, los casos se concentran principalmente en San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Comitán y Ocosingo, en la mayoría de las situaciones, los agresores pertenecen al entorno familiar o cercano de las víctimas.

Entre 2025 y 2026, autoridades judiciales reportaron al menos tres detenciones y cinco sentencias condenatorias, algunas de hasta 40 y 50 años de prisión, en municipios como: Palenque, Huixtla, Reforma y Chiapa de Corzo.

Reformas legales frente a una realidad persistente

Ante la persistencia del problema, el Congreso del Estado de Chiapas aprobó en 2026 reformas al Código Penal que establecen penas de hasta 15 años de prisión para quienes obliguen a menores a casarse o convivir.

La medida busca frenar las uniones forzadas y la violencia sexual infantil, prácticas que durante décadas se han normalizado en algunas comunidades.

Riesgos médicos y emocionales

Las consecuencias del embarazo adolescente no son únicamente sociales o legales. También representan riesgos graves para la salud.

La médica Valery Cruz Monroy, especialista en ginecología y obstetricia, explica que iniciar la vida sexual a edades tempranas expone a las adolescentes a infecciones como el Virus del Papiloma Humano (VPH), asociados con el cáncer cervicouterino.

“En las adolescentes el cuello uterino aún no ha madurado completamente, lo que facilita que el virus penetre con mayor agresividad”, explica.

Además, el embarazo antes de los 18 años puede generar complicaciones durante el parto, ya que la pelvis aún no está completamente desarrollada.

Entre los riesgos más frecuentes se encuentran: amenazas de aborto, partos obstruidos, desgarros vaginales y hemorragias obstétricas.

A esto se suma el impacto emocional.

La psicóloga Claudia Itzel Sánchez Nájera explica que el embarazo en la adolescencia puede generar miedo, ansiedad e incertidumbre.

“La adolescente todavía está en una etapa de desarrollo emocional y de pronto enfrenta la responsabilidad de cuidar otra vida”.

Durante el parto, el miedo también puede complicar el proceso. La psicóloga Brenda Ruth Orozco Trejo explica que el estrés provoca la liberación de cortisol —la hormona de alerta— mientras que el parto requiere oxitocina – amor y felicidad-  que favorece las contracciones uterinas.

“Cuando la adolescente está demasiado nerviosa o asustada, el trabajo de parto puede ralentizarse o complicarse”.

Una crisis estructural

Para organizaciones civiles, la maternidad en niñas y adolescentes no puede interpretarse como una práctica cultural, sino como una señal de violencia estructural y fallas del Estado en la protección de la niñez.

El caso reciente de una niña tsotsil de 11 años originaria de San Juan Chamula, que quedó en estado crítico tras dar a luz en el Hospital de las Culturas en San Cristóbal de Las Casas, volvió a evidenciar la gravedad del problema.

Detrás de cada cifra hay historias como la de Paty: niñas que dejan la escuela, enfrentan violencia y asumen una maternidad para la que ni su cuerpo ni su vida están preparados.

*  Este trabajo fue publicado originalmente en Chiapas Paralelo como parte de una serie convocada por Territorial Alianza de Medios en el marco del 8M. Aquí puedes consultar su publicación.