Maternidad, identidad y comunidad: complejidades de las mujeres en situación de desplazamiento forzado en Chiapas.

marzo 20, 2026 Istmo Press 0 Comentarios

Este reportaje forma parte del proyecto «Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México»

Hace casi 10 años Aracely Cruz fue desplazada de su comunidad junto a su madre y 54 familias más del Ejido Puebla, municipio de Chenalhó, en Chiapas.

Recuerda con tristeza aquel 26 de mayo de 2016, cuando tuvo que huir de su hogar luego de que un grupo de personas fueran a su domicilio con el fin hacerle daño a su familia. Este evento, resultado de un conflicto paramilitar provocado por grupos políticos, terminó con el asesinato de su padre, Guadalupe Cruz, dejando un vacío insuperable en su vida.

“Nosotros recordamos con dolor todo lo que hemos vivido en este desplazamiento, no por gusto nos salimos de la comunidad, fue por toda la violencia. No le debíamos a nadie, por eso no temíamos en ese momento. Fueron a nuestra casa a lastimarnos, mataron a mi papá y le dispararon a mi mamá. Una niña de 12 años también murió ese día. Han sido situaciones muy complicadas para mi familia y para mí”, relató la joven mujer. Hoy, con 32 años y una hija de 2, vive junto a 130 personas más en el campamento provisional que les otorgó el gobierno como solución.

Entrada del campamento para desplazados del Ejido Puebla. Foto: Ximena Avendaño

Según información rescatada del archivo de SIPAZ, “La Comisión de Paz y Transparencia de Chenalhó reclamaba la destitución de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, electa por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señalada de no cumplir las promesas electorales y acusada de ‘corrupción, abuso de poder y de desviar recursos’”.

Este hecho violento derivado de la resistencia política de la comunidad fue compartido a través de un comunicado del Movimiento Pedrano Chenalhó, donde expusieron que los opositores de Pérez Pérez fueron atacados con armas de fuego, palos, piedras y machetes, en una emboscada instruida por simpatizantes de la que en ese momento ya era exalcaldesa.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) intervino solicitando al gobierno estatal de Chiapas la aplicación de medidas cautelares de urgencia sobre las personas desplazadas para cubrir de inmediato sus necesidades básicas.

A la fecha, siguen sin existir avances sobre las carpetas de investigación ni resoluciones claras sobre las órdenes de aprehensión emitidas a las personas que le quitaron la vida a su papá. Según el testimonio de Aracely, no hay condiciones seguras para regresar a la comunidad y los gobiernos que han pasado no han hecho nada por atender la situación.

Entre enero de 2023 y junio de 2024, al menos 15,780 personas de 14 diferentes municipios de la sierra y frontera de Chiapas fueron desplazadas por crisis derivadas de enfrentamientos de grupos criminales, disputas territoriales y crimen organizado, conforme a información del último informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C. (Frayba), publicado en marzo del año pasado.

En Chiapas, el Frayba es una de las organizaciones de defensoría de los pueblos indígenas con mayor impacto y registro de diversas faltas a las garantías de las comunidades, entre ellas el desplazamiento forzado interno (DFI).

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) detalla que las Personas Desplazadas Internas (PDI) son aquellas que se han visto forzadas u obligadas a huir o abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, sin cruzar una frontera internacional, como resultado de conflictos armados, violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres.

Dentro de la definición se debe excluir a las personas migrantes o refugiadas, pues, si bien, cada caso implica un abandono de territorio por situaciones que incluso se pueden percibir similares (violación de los derechos humanos, situaciones políticas, violencia generalizada), el desplazado interno no sale del territorio nacional dentro de su proceso de movilidad.

Históricamente, en México, la asistencia a las personas desplazadas internas ha sido atendida por organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cuyo informe de mediados de 2025 ha cubierto 262,411 casos de desplazamiento en el territorio nacional. Su presencia en acontecimientos dentro del territorio indígena y la Zona Altos de Chiapas, como la resistencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), enfrentamientos paramilitares y la masacre de Acteal (1997), forman parte de sus procesos de trabajo por el desplazamiento y las comunidades en el sur del país.

Bajo la creciente presencia del crimen organizado y violencia armada en Chiapas, municipios como Frontera Comalapa, Chenalhó, Pantelhó y La Concordia han vivido por años el aumento de inseguridad en sus regiones y el desplazamiento por violencia, a la par de la creación de nuevos grupos criminales y organizaciones comunales, que fungen como nueva autoridad bajo la protección de usos y costumbres de los pueblos.

Conforme a lo documentado por el Frayba, el camino de una persona desplazada internamente, bajo cualquiera de las circunstancias de conflicto, marca un precedente para su vida, su cotidianidad y para la construcción de una nueva realidad a la que tendrá que enfrentarse como consecuencia de ello.

Especialmente al tratarse de las mujeres y madres víctimas de DFI, considerando las diversas realidades y condiciones que enfrentan durante el desplazamiento, las cuales forman parte de las múltiples características que deben tenerse en cuenta.

Particularidades y contexto del estado de Chiapas para madres víctimas del desplazamiento forzado

Desde 2012, Chiapas cuenta con la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, que busca atender y defender los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad, contemplando la diversidad étnica y geográfica de las regiones que conforman el estado, así como el reconocimiento de la función pública de la condición de PDI y las diversas causas que puedan propiciar su desplazamiento. Pero muy poco se ha visto la aplicación de estas normativas en 14 años de existencia.

Con el cumplimiento estructural de los estándares internacionales de protección a los DFI, la ambiciosa Ley impulsada en el sexenio del exgobernador Juan Sabines Guerrero, establece en el Artículo 24 que “Toda persona tiene derecho a la protección contra desplazamientos arbitrarios que le fuercen u obliguen a abandonar su lugar de residencia habitual”.

Como vocera del Frayba, Dora Lilia Roblero expresó que, a pesar de contar con esta ley, en Chiapas no está operando la atención al fenómeno. Señalando la insuficiente implementación: “La aplicación de la ley sólo es formal y no se traduce en acciones concretas completas para atender necesidades reales en medio de una simulación”.

Previo a su desplazamiento, Aracely trabajaba como campesina en los cafetales y siembras de maíz. Desde la fuga en 2016 reside en la urbanización de la ciudad más próxima a su territorio, donde no cuentan con tierras para cosechar y le ha sido muy difícil encontrar un empleo digno.

“Es muy diferente estar en una comunidad y luego ser desplazada a una ciudad. No nos sentimos igual, no son las mismas condiciones de vida, ni de trabajo para nosotros. Incluso, tuvimos que irnos a trabajar a la Ciudad de México porque los cultivos son muy pocos y no se dan cada mes”, señaló.

Zona de cultivo y criadero / Criadero. Fotos: Ximena Avendaño

Dentro de las acciones y recomendaciones de la Ley, se concibe atender las necesidades específicas de las PDI según las regiones de proveniencia, las condiciones climatológicas de su lugar de origen, actividades para la reintegración social, la proporción de garantías de retorno y mecanismos de prevención en las zonas de alta incidencia histórica. Así también, la atención psicológica y de salud por los procesos de movilización, brindando atención integral a las familias de las comunidades afectadas.

Los principios rectores de las Personas Desplazadas Internas señalan como responsabilidad del estado atender y salvaguardar la seguridad, integridad y el respeto o restablecimiento de los derechos humanos de todas aquellas personas que han sido víctimas de un desplazamiento forzado interno.

Bajo su contexto territorial y considerando lo establecido legalmente, las condiciones de reubicación de las 130 personas provenientes del Ejido Puebla, que actualmente radican en el municipio de San Cristóbal de las Casas, no han sido las mejores para el tipo de actividades que realizaban previo a su desplazamiento. “Permanecemos aquí porque estamos exigiendo nuestros derechos y porque no tenemos a dónde más ir. Hemos luchado en todo y no hemos obtenido respuesta a la solución que exigimos. Sabemos trabajar y no estamos acostumbrados a que el gobierno nos regale nada”, dijo Aracely.

Zona de viviendas del campamento. Foto: Ximena Avendaño

Dora Lilia declaró que la postura del Frayba es que esta problemática estructural termina por vulnerar principalmente a mujeres, madres e infancias. Por la falta de acceso a atención y cuidado del desarrollo integral, o bien, necesidades que puedan tener bajo una situación de DFI, así como al cumplimiento a las garantías establecidas por la Ley.

Según el Programa Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno y el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, desde 2012 Chiapas debería contar con una estructura de diagnóstico, documentación y registro sistemático de información sobre PDI, como parte de la atención e informes de resultados.

A la fecha, la única información basada en cifras y en trabajo de campo en este contexto proviene de los informes de centros de derechos humanos, como el Frayba, SIPAZ y organizaciones internacionales, como el ACNUR o el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Sobre la operatividad y aplicación de la ley en Chiapas, Dora Lilia comentó que el Frayba ha señalado las insuficiencias de su aplicación. Explicó que en distintas ocasiones han pronunciado que la aplicación de la ley sólo es formal y no se traduce en acciones concretas completas para atender necesidades reales. “Estamos en medio de una simulación, más que una respuesta efectiva a las necesidades de las personas desplazadas” dijo.

Maternidades desplazadas

Aracely y su hija de dos años. Foto: Ximena Avendaño

Bajo el contexto de las maternidades, la integrante del Frayba, explicó que la realidad de las mujeres en México es muy diferente a lo que un hombre puede pensar de su propia vida, principalmente por desafíos y desigualdades vinculados al género (violencia e inseguridad).

De la misma forma, consideró que la posición de una mujer y madre desplazada interna en una región del sur del país presenta un panorama diverso, dependiendo de las particularidades de cada situación de desplazamiento.

Estas diferencias derivan de factores como la economía, las particularidades geográficas de los territorios y el pensamiento machista presente en los usos y costumbres que aún predominan en algunas regiones de Chiapas.

Para Aracely, el desplazamiento, así como la pérdida de su papá a causa del conflicto paramilitar han generado incertidumbre y miedos que antes no tenía, pero tampoco ha detenido su camino.

“Como ciudadanos también tenemos el derecho a rehacer nuestras vidas. Aunque seamos desplazados, estemos donde estemos, seguimos siendo seres humanos”, afirmó.

En este sentido, Dora Lilia reflexionó que es importante tener en cuenta la condición de género dentro de las afectaciones y realidades de las mujeres madres en DFI, comprender la vulnerabilidad que se les confiere por su situación de maternidad (aumenta si está en gestación). Así como la incertidumbre que genera para las ellas el hambre, miedo, ansiedad y las enfermedades de sus hijos e hijas.

“Los niños que nacen en desplazamiento forzado también son desplazados, eso lo debe reconocer el gobierno, aunque no quieran. Así como mi mamá, ahora yo también soy mamá y sé que es muy difícil, me ha costado mucho”, detalló Aracely.

A partir del desplazamiento, ellas se enfrentan a un mundo nuevo que desconocen, fuera de su hogar, de la rutina familiar que tenían e incluso, de las actividades domésticas o económicas que desarrollaban. Pierden su rol comunitario porque la comunidad deja de existir como la conocían.

La representante del Frayba, expuso que la condición de género es fundamental para ver los impactos en las personas dentro del fenómeno de desplazamiento, pues restringe el acceso de las mujeres y niñez a servicios de salud sexual y reproductiva; de la misma manera en que obstaculiza el seguimiento de educación, prácticas religiosas, etc.

“El desplazamiento forzado no afecta de la misma manera a hombres y mujeres. Aunque ambos sufren pérdida de vivienda, territorio, redes sociales y medios de vida, los impactos suelen ser diferenciados por género debido a roles sociales, desigualdades estructurales y riesgos específicos”, compartió.

Según la asamblea general de las Naciones Unidas, “Las mujeres suelen convertirse en las únicas cuidadoras de niños o parientes mayores mientras lidian con la pobreza y la marginación social, lo que puede generar angustia o la aparición de síntomas somáticos sin diagnóstico”. Las condiciones de vivienda son otro factor que se ve perjudicado. Los desplazados del ejido Puebla continúan habitando el campamento provisional que consiguieron gracias a su lucha.

Huecos de malla, tapados con sábanas y bolsas para evitar el frío / Viviendas cubiertas para protegerse del frío. Fotos: Ximena Avendaño

Las casas que integran el campamento tienen techos de lámina y una construcción vieja. Algunas familias optaron por colocar bolsas negras de basura y trazos de tela a falta de ventanas para impedir que el frío entre, pues San Cristóbal de las Casas es una zona fría donde las temperaturas descienden constantemente.

Con desesperanza y cansancio Aracely describe la situación que enfrentan diariamente a causa de las viviendas y la falta de compromiso por parte de las autoridades.

“Aquí uno se siente insegura y triste, aún no hemos tenido ningún avance. Los funcionarios del gobierno nos dicen que vendrán y nos dejan plantados dos o tres horas. Nos reunimos con representantes de la comunidad, con otras compañeras y nunca llegan”, dijo Aracely. Mencionó además que, si bien han recibido apoyo humanitario por el área de Protección Civil, la mayoría de las veces no es suficiente para las necesidades que cada familia tiene dentro del campamento.

Placa sobre la construcción de la estructura del campamento que fue adaptado a viviendas hace 10 años. Foto: Ximena Avendaño

La portavoz del Frayba compartió que las mujeres en situación de desplazamiento rara vez cuentan con suficientes medios de higiene personal, causando impactos en la salud por la falta de acceso a servicios básicos de sanidad.

“El despojo de la tierra significa también perder el acceso a la medicina tradicional y pérdida de sus procesos de salud desde su cultura. Hay que tomar en cuenta la incertidumbre que genera para las madres el hambre, miedo, ansiedad y enfermedades de sus hijos e hijas bajo estas condiciones”.

El trabajo de crear entornos felices se vuelve más complicado, o bien, como en el caso de Aracely, cuando la maternidad se da dentro del desplazamiento y hay un desconocimiento de algo en el pasado que también les pertenece.

“A veces recuerdo cómo fue mi niñez y todo lo que viví en mi comunidad. Hace 10 años las cosas cambiaron para todos los que estamos aquí, toda nuestra vida es diferente. Pero también me imagino poder estar con mi hija viviendo una vida digna, trabajando en el campo y en nuestro hogar”, externó Aracely, mientras reflexionaba sobre lo que pasó y sigue pasando en su ejido.

El Artículo 6 de la Ley en Chiapas reconoce como desplazados internos vulnerables a niños y niñas, especialmente los menores no acompañados, las mujeres embarazadas, las madres con hijos pequeños, las mujeres cabeza de familia, las personas con discapacidades y los adultos mayores. “Bajo esta condición tendrán derecho a la protección y asistencia requerida por su condición y a un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades especiales”.

“No es lo mismo estar en una casa, vivir tranquilamente y poder hacer su vida con normalidad. Aquí todo es muy diferente, no estamos libres ni siquiera para trabajar. Yo no pude llevar un control de mi embarazo porque no tenemos un servicio de salud digno”, compartió Aracely.

“No tenemos seguro, aquí en el campamento tenemos atención médica, pero no hay medicamentos, o los pocos que hay, luego están caducados. Hasta los doctores y enfermeros que están aquí han presentado quejas para que nosotros podamos tener mejores condiciones, para que el gobierno nos escuche y ni a ellos los han querido escuchar”, continuó.

Consultorio médico del campamento visiblemente deteriorado / Consultorio médico, área de consultas y medicamentos. Fotos: Ximena Avendaño

Sumado a la realidad de violencia que enfrenta la PDI, las madres y las infancias se exponen a la desigualdad comunitaria y sistemática, procesos de revictimización por las autoridades y la sociedad.

Por su parte, Dora Lilia expuso que el Frayba ha documentado los diversos impactos psicosociales que representan para las madres la salida intempestiva de sus hogares, la incertidumbre y el miedo, así como la violencia física y psicológica que dejan estragos en su día a día y se acentúan frente a la exclusión que sufren por la ausencia de los servicios de salud integral que dejan atrás por el desplazamiento.

Como impactos particulares mencionó:

Ansiedad y estrés derivados de la protección de hijos.
Duelo prolongado por pérdida de redes comunitarias.
Riesgo en embarazos sin atención médica adecuada.
Insomnio, estrés, dolores de cabeza.
Problemas gastrointestinales.

Para Aracely la principal preocupación es el futuro y bienestar de sus hijos e hijas menores. “Aquí no solo yo tengo a mi hija, hay mujeres con dos o tres hijos, y lo más triste es que aquí al campamento no llega la educación. No hay maestros ni apoyo para ellos”.

Niñas del campamento jugando en un sube y baja improvisado con madera. Foto: Ximena Avendaño

A través de las vivencias de Aracely y de las mujeres de su comunidad, se encuentra que mientras ellas piensan en la educación para sus hijos, también deben dividirse entre el trabajo y continuar buscando una resolución que les permita un retorno seguro o unas mejores condiciones de vida, bajo la realidad a la que se enfrentan día con día.

Según Dora Lilia y las propias madres, las desigualdades contemplan diversos factores: autonomía, psicología y duelo al territorio que se queda atrás; oportunidades económicas, espacios seguros para maternar, herramientas de crianza e inclusive, nuevas realidades a las que deben enfrentarse al salir de comunidades rurales y llegar a la urbanización de las localidades seguras próximas.

Dentro de los principales causantes de estrés psicológico en las madres desplazadas, añadió la especialista, se encuentran una mayor exposición al riesgo de violencia desde sus diferentes raíces: sexual (explotación y trata), violencia en trayectos de huida, en albergues o asentamientos informales y una mayor vulnerabilidad por violencia doméstica en contextos de estrés y precariedad.

Dora Lilia agregó que el Frayba ha podido analizar que, a la carga emocional, económica y laboral que enfrentan muchas mujeres en su papel de jefas de hogar (al cuidar a sus hijas e hijos, a personas mayores o enfermas y asumir diversas responsabilidades adicionales), se suma la dificultad de acceder a un empleo formal, lo que agrava aún más su situación.

Aracely fue desplazada por los conflictos de Chenalhó, hoy tiene una vida que construir a pesar del dolor que le puedan causar los recuerdos de ese momento tan significativo para su vida. “Si en algún momento yo le cuento a mi hija sobre esto, será una historia triste, porque no sé si para ese momento ya vamos a tener justicia. No sabría por dónde empezar. Perdí a mi papá y la vida en el campo como la conocía”.

“Como mujer y madre entiendo el dolor que cada una podemos tener en el corazón. En nuestro estado hay cada vez más desplazados y no hay seguridad para ninguno de nosotros. Lo que necesitamos y queremos es tener una vida digna y segura, vivir en paz. Cuando se resuelva el desplazamiento cada uno verá cómo sigue su camino”, concluyó Aracely.