No nos van a callar /El Otro Rostro del Corredor Interoceánico

Diana Manzo| Desinformémonos

“Cuando nos detuvieron los militares, aunque somos mujeres, fuimos golpeadas, se nos trató como si fuéramos peligrosas, criminales más que nada. Pero no, nunca hemos matado. Lo que sí hicimos fue pelear por nuestros derechos, por nuestras tierras, y por eso nos quieren callar, nos quieren amedrentar”, dice Elizabeth Martínez, ayuujk de la comunidad de Mogoñé Viejo, en San Juan Guichicovi, Oaxaca.

Acompañada de otras seis mujeres y un hombre, todos ayuujk (también conocidos como mixes), la joven mujer cuenta cómo la vida emocional y física les ha cambiado desde el 28 abril del 2023, día en que fueron detenidas, violentadas y encarceladas durante 48 horas por elementos de la Secretaría de Marina, acusadas de bloquear las vías del ferrocarril interoceánico que se encontraban en rehabilitación para la circulación de la Línea Z, que abarca del puerto de Salina Cruz, en el Pacífico, al puerto de Coatzacoalcos, en el Atlántico.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) es una megaobra que comenzó a construirse con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuyo objetivo es conectar los océanos Pacífico y Atlántico a través del Istmo de Tehuantepec. Su diseño incluye la modernización y rehabilitación de puertos, como el de Salina Cruz, en Oaxaca, y de ferrovías y carreteras que faciliten el comercio internacional en la región sureste del país, como una alternativa al Canal de Panamá.

“De este proyecto a nosotras no se nos consultó, nadie nos dijo que en nuestro territorio iba a pasar el ferrocarril. Lo que nosotras exigíamos era que se respetara nuestro espacio, donde hemos vivido siempre, pero ahora por esta obra nos quieren echar de nuestro territorio y, por si fuera poco, lo hacen intimidándonos con órdenes de aprehensión para que así cedamos”, lamenta Elizabeth.

La violencia y aumento gradual de la militarización, dicen las entrevistadas, “nos preocupa”. Y no es para menos, agregan, pues hay 24 personas de las comunidades de Mogoñé Viejo, en San Juan Guichicovi, y Rincón Viejo, en Matías Romero, que tienen órdenes de aprehensión por delitos de invasión de propiedad impulsadas por los representantes del CIIT y del proyecto Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT).

Este reportaje recorre comunidades del Istmo, donde las historias de mujeres y hombres ayuujk se repiten, al igual que las de la población binnizá. Es el otro rostro del megaproyecto impulsado desde 2018, la voz de quienes están siendo afectados por la militarización, criminalización y amenazas que no cuentan las autoridades, pero que ellas y ellos sí narran: “una violencia desmedida y militarizada por las obras de este megaproyecto estrella del expresidente Andrés Manuel López Obrador”.

MILITARIZACIÓN Y CRIMINALIZACIÓN

“Yo recuerdo que en campaña Andrés Manuel López Obrador dijo que el ejército regresaría a los cuarteles, y nos salió peor. Ya todo nuestro territorio está militarizado. En las vías del tren hay patrullas de la Marina, en las calles también”, denuncia Juanita Ramírez Villegas, defensora ayuujk del territorio e integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni).

En marzo del 2023, un mes antes de que agredieran y encarcelaran a pobladores de Mogoñé Viejo, el entonces presidente López Obrador envió un decreto que fue avalado por la Cámara de Diputados, con el que se le otorgó personalidad jurídica a la Secretaría de Marina para vigilar y operar uno de sus proyectos insignia, el Corredor Interoceánico, con el fin de que la institución pudiera instrumentar una plataforma logística multimodal que integre la prestación de servicios de las administraciones del sistema portuario nacional Coatzacoalcos, Salina Cruz, Dos Bocas y Puerto Chiapas.

Ramírez Villegas recalca que, ya con ese aval, inició la militarización del Istmo de Tehuantepec, y con ello las agresiones a la población que “exige respeto al territorio y a la libre determinación”.

En junio de 2025, en un comunicado de la Marina llamado “El Corredor Interoceánico: un nuevo puente para el comercio global y una oportunidad real para la población del sureste de México”, se detalla que “el Corredor Interoceánico es supervisado por 2,400 elementos desplegados en trenes, puertos y zonas industriales, brindando confianza a inversionistas y tranquilidad a las familias”.

Juana se pregunta: “¿dónde quedó la promesa presidencial de hace seis años, cuando López Obrador visitó el Istmo presumiendo que el progreso llegaría con este megaproyecto? Quizás era para unos cuantos, porque a nosotros sólo nos llegó la militarización, la violencia y el despojo de nuestro territorio”.

Pero eso no es todo. La defensora recalca que han buscado el diálogo con las autoridades, pero incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se negó a recibir el amparo promovido. Al mismo tiempo, la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (SEGO) se niega a dialogar.

A 83.4 kilómetros de Rincón Viejo y Mogoñé Viejo se localiza Puente Madera, un municipio donde habitan unas 800 personas, quienes también luchan por sus tierras. En este lugar las mujeres se dedican a elaborar tortillas de maíz en un horno de comixcal a altas temperaturas, y los hombres a la siembra de maíz, camote, flores de cempasúchil, entre otros cultivos.

En este pueblo binnizá vive David Salazar, un defensor nato que luchó por El Pitayal, un espacio natural donde la vida comunitaria fluye para todas y todos, y donde también se pretende construir uno de los polos de desarrollo que forman parte del Corredor Interoceánico.

David dice no entender bien por qué esta porción de tierra conocida como el Istmo de Tehuantepec es tan ambicionada por empresas extranjeras, gobiernos liberales y, recientemente, el crimen organizado. Sentado debajo de un frondoso árbol de tamarindo, donde pasa sus mañanas y sus tardes revisando documentos o planeando la cosecha de maíz para la sobrevivencia alimentaria, David narra cómo pasó de ser un defensor comunitario a ser considerado un criminal.

“Me dijeron así, directo: ‘o desistes o ya sabes lo que te va a pasar’, y pensé que me iban a matar”, señala el defensor binnizá.

Toma un respiro y cuenta que en 2021 la comunidad se enteró de que en San Blas Atempa iban a construir uno de los diez Polos de Desarrollo Industrial que, junto con el Ferrocarril del Istmo de la Línea Z, la Línea K y el rompeolas en Salina Cruz, forma parte del Corredor Interoceánico.

“Lo que hicimos fue recabar toda la información por medio de asambleas, después nos dimos cuenta de que ambicionaban 331 hectáreas de nuestro monte El Pitayal. Descubrimos que para adueñarse de dichas tierras hubo falsificación de asambleas de comuneros con irregularidades en las actas, aumento del padrón con personas que ya habían fallecido y hasta supuestos dueños de nuestras tierras comunales”, explica.

El monte El Pitayal, para David y los cientos de campesinos, significa la vida. “Ahí hay venados, armadillos, las iguanas, entonces decidimos enfrentarnos a los supuestos dueños, y también a las autoridades. Ahí surgió la criminalización y la militarización por parte de los tres niveles de gobierno”, cuenta.

EL ISTMO SE DEFIENDE

Las acciones en defensa del territorio de los campesinos binnizá de Puente Madera iniciaron con una serie de bloqueos carreteros, y por la vía legal mediante un amparo en el Tribunal Agrario, en el que denunciaron las irregularidades de la asamblea. Lo que recibieron como respuesta fueron 17 órdenes de aprehensión bajo la causa penal 446/2022.

En enero de 2023, David fue detenido por el delito de daños por incendio y daños a propiedad ajena. Puente Madera se movilizó y lo liberaron 48 horas después, pero a partir de ese momento no cesó la persecución y la criminalización.

“Lo más interesante”, afirma Mario Quintero, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), es que quienes denuncian al defensor no son ni el gobierno federal ni el CIIT, sino personas particulares. Mario y su organización respaldaron jurídica y moralmente a David en todo momento. Pero tras meses de luchar en los juzgados, en febrero de 2024 el defensor fue sentenciado a 46 años de prisión, una multa de 182 mil pesos y reparación de daños por 1 millón 100 mil pesos.

“Nos dio mucho coraje cuando vimos la sentencia a nuestro compañero David porque ni a un criminal se la dan. Fue entonces que sostuvimos un diálogo con autoridades, pero finalmente tuvimos que desistir de nuestro amparo, porque era eso o quizás la muerte”, refiere Quintero. En mayo de 2024, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca reconoció las irregularidades en el proceso y Salazar fue absuelto, sin embargo, aún en julio de 2025 la APIIDTT y la Asamblea Comunitaria de Puente Madera denunciaron la “persistente criminalización” en contra del defensor.

El activista de la APIIDTT señala que, a partir de esta lucha de Puente Madera, le preocupa cómo los procesos de criminalización y judicialización se están dando en el estado de Oaxaca, en el marco del Corredor Interoceánico, contra las personas defensoras de la tierra, el territorio y los derechos humanos, y periodistas. “Llegamos al punto en que la judicialización parece premio, porque en el peor de los casos hay asesinatos y desapariciones a defensores y periodistas”, señala.

AHORA EL DIÁLOGO ES CON MILITARES ARMADOS Y ENCAPUCHADOS

Sin consulta indígena ni un Manifiesto de Impacto Ambiental fue que comenzó la rehabilitación de la Línea K del CIIT, que comunica a Ciudad Ixtepec, Oaxaca, con la frontera con Guatemala. El activista y ambientalista Edgar Martín documentó todo el daño ambiental ocurrido en el 2024 a lo largo de los 26 kilómetros de tierras comunales que abarca la Línea K. A cambio, denuncia, recibió ataques, amenazas e intimidaciones.

Enfrentarse a hombres encapuchados y armados es el nuevo rostro que Edgar observa en este megaproyecto de infraestructura a cargo de la Secretaría de Marina. “Antes el diálogo era entre civiles, pero ahora no. Me impactó cuando llegaron hombres cubiertos del rostro y comenzaron a tomarnos fotos, después de un bloqueo que hicimos para impedir la tala de cientos de árboles endémicos para la rehabilitación de la Línea K. Esas no son condiciones para un diálogo auténtico”, lamenta.

En su casa, desde donde documenta todo lo que ha vivido, Edgar deshilvana su experiencia: “Por defender un cerro me lastimaron y sigo amenazado. Hoy vivo con protección federal, pero lo más sorprendente es que la militarización también robusteció al crimen organizado, operaron juntos un banco pétreo en el núcleo agrario de Juchitán”.

La defensa del territorio ha cobrado la vida de 32 personas defensoras en lo que va de la administración del gobierno morenista de Salomón Jara Cruz, se advierte en el informe Alas y Raíces, 2025, presentado por organizaciones y colectivos oaxaqueños.

El informe, elaborado principalmente a partir de los casos publicados en La Minuta, de la organización Educa Oaxaca, y de fuentes periodísticas y de organizaciones de derechos humanos, registra en total 114 agresiones: 44 a personas individualmente y 70 actos contra grupos, comunidades, colectivos, organizaciones o movimientos sociales en Oaxaca.

Alas y Raíces recalca que de todas las agresiones registradas en la entidad, 27 fueron catalogadas como atentados a la vida con tres tipos de agresiones: homicidio, ejecución extrajudicial y desaparición forzada.

El Istmo de Tehuantepec, una de las ocho regiones en que se divide geográficamente Oaxaca, es, en el informe, la zona más violenta para las y los defensores, y 50 por ciento de todas las agresiones registradas se relacionan con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). El documento registra un total de 20 ataques, casi dos terceras partes de todas las agresiones en el estado. Estos 20 casos involucran a 136 personas defensoras del Istmo.

A este panorama se une el informe de la Misión Civil de Observación en el Istmo de Tehuantepec (MCO), que abarca del 1 de mayo de 2021 al 01 de mayo de 2024. Durante este periodo la MCO registró un total de 72 ataques y 226 agresiones diversas en contra de personas defensoras. Los porcentajes: intimidación, 30 por ciento; hostigamiento, 28 por ciento; amenazas, diez por ciento; y agresiones físicas, siete por ciento. Además, se documentaron tres homicidios en contra de defensores zapotecos: Jesús Manuel Martínez (2022), Félix Vicente Cruz (2023) y Noel López Gallegos (2023).

Este informe recalca que el 92 por ciento de las víctimas defensoras pertenece a algún pueblo indígena, siendo los pueblos ayuujk y binnizá los que enfrentaron un mayor número de agresiones en su contra con una presencia permanente y protagónica del ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

SEGUIMOS TEJIENDO REDES

Juana recalca que tejer alianzas, denunciar y acudir a foros con otras colectivas es lo que los fortalece, porque hace que su palabra se escuche, y aunque reconoce que las órdenes de aprehensión son una forma de “meternos miedo y criminalizarnos”, ellas no se dejan.

Lo mismo sostiene Edgar, quien a través de la lucha jurídica por medio de amparos, sigue defendiendo su territorio gubiña en Unión Hidalgo. “No nos van a callar. Por fortuna, seguimos rodeados de personas que también conocen la lucha que hacemos”. David, por su parte, afirma desde el campo y la siembra de maíz que El Pitayal seguirá siendo un espacio comunitario donde la comunalidad se hace presente. “Ellos creen que callándonos vamos a detenernos, pero para eso tenemos el campo. Desde los surcos estamos resistiendo, porque simplemente sin tierra no hay nada”.