Niegan educación a niñas en agencia de Tehuantepec
Ciudad Ixtepec.- Por disposición del agente municipal Nicolás Martínez Pérez y otros miembros de la comunidad Santa Isabel de la Reforma, agencia de Santo Domingo Tehuantepec, Adán Fernández Martínez fue “desterrado” el año pasado, pero el acoso continúa en contra de su familia y parientes ya que fue negado el derecho a sus 4 hijas de inscribirse a la primaria, denunció.
En ese sentido dijo que presentó demandas penales así como una queja formal ante la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO), quienes se comprometieron a tomar cartas en el asunto luego que la asamblea de la comunidad determinara el corte de los servicios de energía eléctrica y agua potable a los suegros de Adán Fernández, así como impedir las llamadas telefónicas a través de la caseta del pueblo.
El afectado expresó que la directora inscribió a las niñas a la escuela so pena de ser denunciada por violentar derechos elementales a las menores de edad, sin embargo al ser enteradas las autoridades de la inscripción de las niñas tomaron la escuela y convocaron a la asamblea que determinó las acciones antes citadas.
Asimismo durante el alegato para impedir que las niñas estudiaran Luis Juárez Juan y Fidel Pacheco por orden de la autoridad persiguieron Adán Fernández Martínez arrojándole piedras.
Cabe destacar que el destierro ocurrió el abril del año pasado, luego de un “pleito familiar”, Adán Fernández Martínez vive y trabaja en Matías Romero; en su defensa argumentó que es originario de Guevea, por lo que siempre recibió el rechazo de la comunidad, pero que vivió 16 años en esta comunidad brindando 8 servicios en la tienda Diconsa.
Asimismo negó que existan elementos que lo inculpen en delitos como la tala ilegal o desfalco a la tienda de DICONSA en donde trabajaba, que en el primer caso el juicio no procedió al contar con un certificado agrario nacional y permiso de derribo de árboles por parte del comisariado de bienes comunales, asimismo señaló que el tema relacionado con DICONSA en la auditoria final arrojó un saldo a favor de más de 8 mil pesos.
Refirió que una situación similar ocurrió hace 20 años en la que una familia fue despojada de sus tierras quedando en manos de la autoridad, por lo que teme que esa sea su suerte si otras instancias no hacen valer sus derechos.
Con información de Martín Vargas / corresponsal
