Ante clima de tensión en chimalapa, comuneros exigen audiencia con Campa Cifrián

#Juchitán 04 oct (#Istmopress) .- Comuneros zoques de San Antonio y Benito Juárez que pertenecen a San Miguel Chimalapa solicitaron urgentemente una audiencia para este lunes 3 de Octubre con Roberto Campa Ciprian, subdirector de derechos humanos de la Secretaria de Gobernación ante el clima de tensión que se vive en su comunidad.

El pasado 29 de septiembre fue retenido Ángel López Sánchez, presunto “talamonte” de origen chiapaneco por los comuneros en un recorrido de vigilancia en la zona de bienes comunales en el paraje conocido como “El Quebrachal” y quien fue sorprendido cuando se encontraba cortando con una motosierra maderas preciosas de esta zona.

El chiapaneco que ha cumplido cinco días de estar retenido, también agregó que desempeñaba como comisariado de bienes ejidales de la comunidad de “Rudolfo Figueroa”.

Ante esta retención, arribaron a la comunidad de San Antonio autoridades comunales a bordo de un helicóptero propiedad del gobierno de Oaxaca para solicitar la entrega del presunto tala monte, este hecho causó molestia entre los más de 200 comuneros quienes decidieron también retenerlos.

El comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Esaú Trujillo Gómez; Presidente del Comisariado de Bienes comunales José Medel Sánchez Cruz, el presidente del consejo de vigilancia Rosalino Sánchez Martínez, dos pilotos aviadores y también el helicóptero oficial del gobierno de Oaxaca no han podido salir de la comunidad y como condición los comuneros exigen una mesa de negociación con el funcionario federal y también de Oaxaca.

Dijeron que también es necesario que autoridades de la Semarnat, Profepa y PGR acudan a la reunión en San Antonio Chimalapa debido a que han incumplido con sus promesas de dar atención al desalojo de invasores de su zona de conservación comunitaria.

“Para dar una pronta solución al conflicto agrario y ambiental exigimos la cancelación total de todos los permisos forestales otorgados dentro de los bienes comunales y la tala inmoderada, por que tanto Semarnat y Profepa han hecho caso omiso a todas las peticiones de nuestra comunidad, favoreciendo a los chiapanecos”, dijeron.

En el documento enviado al subdirector de los Derechos Humanos de la Segob, los comuneros y sus representantes “Tomás García Jiménez” “Pedro Gutiérrez Solano” Gónzalo Soberanes Gutiérrez” y “Juan Vásquez Gutiérrez” dijeron que estableciéndose la mesa de dialogo, entregarían a todos los retenidos porque así fue el acuerdo de la asamblea comunal.

“Al ver la falta de respuesta, tomamos esta medida de retenerlos, solo así esperamos nos hagan caso, el 27 de abril confiamos en el primer desalojo, pero después no se supo más de Campa Ciprián, estamos totalmente abandonados y desprotegidos por nuestros gobernantes”, refirieron.

Desde hace unos 30 años se viene dando una conflicto agrario en esta zona de limites de tierras entre los estados de Chiapas y Oaxaca por la posesión de 150 mil hectáreas, los cuales según los documentos de los zoques le pertenece al estado de Oaxaca.

La comunidad de Rudolfo Figueroa se fundó en el 2012 con el aval del congreso de Chiapas, a pesar de existir una controversia constitucional que emitió el gobierno de Oaxaca ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los comuneros señalaron mediante una misiva que en el mes de febrero del 2005, hace 11 años, denunciaron ante la Profepa “derribo de arbolado en el paraje Quebrachal” antes conocido como “Carraca” bajo el expediente PFPA/OAX/57/0101-05/FORESTAL, y realizándose la inspección correspondiente por la que se levantó el acta no. PFPA-020-SIV-F-0242/2005.

“No ha habido respeto a nuestros bienes comunales, ni a nuestros bosques de parte de los ejidatarios de Rudulfo Figueroa, Chiapas, ellos son invasores, han estado talando la madera de forma inmoderada y también los que se hacen llamar propietarios, cuando todos sabemos que esta porción de tierra le pertenece a Oaxaca, a nosotros los chimas”, dijeron.

“Tenemos una conservación comunitaria conocida como a “Cordón – El Reten”, cuya superficie comprende 15, 328.54 hectáreas destinadas de manera voluntaria a la conservación comunitaria, ellos llegan y la han querido destruir, exigimos una mesa de trabajo urgente con autoridades, de lo contrario no vamos a entregar al retenido”, dijeron.

Finalmente exigieron respeto a la controversia constitucional que indicó la suspensión otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el juicio de controversia constitucional 121/2012.

 

Diana Manzo/Agencia de Noticias IstmoPress

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