Violencia digital, la nueva forma de ataque contra quienes viven y defienden territorios indigenas revela estudio
Diana Manzo
Fotos: Voces del territorio
Oaxaca, Oax.- Vivir en un territorio indigena y defenderlo no debería ser un pecado; sin embargo, la violencia siempre les acecha. Recientemente, la organización “Voces del Territorio” detalla que en la investigación “Resistencia y Resiliencia: Respuestas colectivas a ataques digitales en contra de personas defensoras” determinó que la violencia digital es la nueva forma de ataque contra personas indigenas defensoras.
Esta investigación fue presentada en el marco del día de la resistencia, la cual se realizó durante tres años y participaron pueblos indígenas de Brasil, Filipinas y Kenia. México, de manera conjunta con la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) y la Iniciativa de Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRI), señala que los ataques digitales generan desinformación, campañas de desprestigio, exposición de información personal, perfiles falsos, amenazas, estigmatización y narrativas que criminalizan a quienes defienden su territorio.
Estos resultados se asemejan a lo dicho en el 2022 por la organización Global Witness, que señaló que México está en el tercer lugar respecto a las agresiones letales en contra de personas defensoras del medio ambiente y del territorio; al menos la mitad son personas indígenas, y esta agresión ha alcanzado lo digital.
En Mexico, Voces del Territorio trabajó para estos resultados con el pueblo Zapoteca de Puente Madera, Oaxaca; Purépecha de Cherán K’eri, Michoacán; y el pueblo Yaqui de Loma de Bácum, Sonora, en la cual determina que las personas indígenas defensoras son víctimas de ataques digitales.
La investigación muestra que la defensa ambiental no es una actividad individual, sino colectiva relacionada con la vida comunitaria, la cultura, la defensa del territorio y de los medios de subsistencia; por ello, cuando una persona es atacada digitalmente, el impacto se extiende a su familia, organización y comunidad.
Señalaron que los ataques digitales no son incidentes aislados o sólo problemas de redes sociales; hay diferentes formas de desinformación, desprestigio, intimidación, exposición y estigmatización.
Asimismo, la violencia digital tiene consecuencias reales en la vida comunitaria: “Puede generar miedo, afectar relaciones familiares, debilitar la confianza y tratar de desarticular procesos colectivos de defensa. Deja secuelas físicas y emocionales tanto para la víctima directa como para su entorno”.
Asimismo, señalaron que la tecnología no es neutral, tiene impactos sociales, ambientales y culturales. Su acceso y uso están marcados por desigualdades, especialmente para los pueblos indígenas; es decir, puede ser utilizada para agredir, pero también puede ser una herramienta de resistencia y resiliencia para las luchas.
La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025 arrojó que, en 2025, el 86.1 % de la población de 6 años y más en el país usó internet, lo que significó un aumento de 28.7 puntos porcentuales con respecto a 2015 (57.4 %). De las personas usuarias de internet, el 26.6 % se autoadscribió como indígena y el 4.7 % como hablante de alguna lengua indígena.
Recalcaron que la brecha digital afecta más a personas de zonas marginadas donde falta infraestructura, electricidad, dispositivos y habilidades digitales, lo que limita el ejercicio de sus derechos y les expone a riesgos, como la violencia digital.
Ante estas revelaciones, exigieron al Estado reconocer los ataques digitales contra personas defensoras ambientales como una dimensión de la violencia que debe prevenirse, investigarse y sancionarse, y desarrollar políticas de protección que incorporen la dimensión digital, con enfoque intercultural y de género.
Asimismo, exigieron al Estado mexicano reducir la brecha digital y garantizar acceso seguro a tecnologías, capacitación y herramientas de protección para comunidades indígenas.
Por último, convocaron a las organizaciones y acompañantes a escuchar más a las comunidades, fortalecer sus estrategias y evitar soluciones de seguridad digital que no tomen en cuenta sus formas de organización y sus decisiones colectivas.
