Tribunal reconoce que Registro Civil de Oaxaca suprimió la identidad de los Hermanos Conzatti para ser víctimas del cartel del despojo
#Oaxaca 20 Mar (#Istmopress) – Nuevamente la justicia está del lado de los hermanos Gómez Conzatti – Caleb, Herbe y Ashmar- y es que un Tribunal Colegiado revocó el sobreseimiento de un juez oaxaqueño y reconoció que el Registro Civil de Oaxaca suprimió sus identidades para favorecer el despojo de sus propiedades.
Como víctimas del cártel del despojo en Oaxaca, los hermanos Conzatti aplaudieron esta decisión federal y lo calificaron como “una buena nueva” ante las injusticias que han vivido por defender sus propiedades.
Señalaron, que el juez 2o de Distrito Fidel Gallegos Figueroa, en 2 ocasiones sobreseyó el amparo.
“La 1a (revocación) consistio en un»sabadazo» fuera de audiencia en el que consideró que no existía violacion de derechos humanos y que lo que en realidad buscábamos éra el reconocimiento de una filiación”, dijeron.
Agregaron que utilizando el mismo argumento que esgrimió el propio registro civil que suprimió sus identidades, y respecto de lo cual hoy los Magistrados han pedido dar vista a la Fiscalia General de la Republica por hechos con apariencia de delitos.
La 2a vez que intentó sobresellar el Juez, fue con el argumento de que el acto reclamado (la supresión de identidades) ya no causaba perjuicio e insistió en que se trataba de un problema de filiación.
Es este 2o intento del juez el que vuelve a ser revocado por unanimidad y ya no le dan oportunidad de otra al juez segundo de Distrito, el Tribunal lo hace a un lado y entra al estudio del fondo del asunto, concediendo el amparo por ser inconstitucional la supresión de sus identidades cuyos registros han sido previamente acreditada.
Esta resolución se suma a la recomendación de julio de 2023 qué hace la DDHPO y que esperamos el Gobierno de Cumplimiento de manera integral, incluyendo la obtención de órdenes de aprehensión pendientes de ser concedidas en nuestro caso.
Además, estas 2 resoluciones inapelables confirman la Operación de Estado de la que son víctimas y cuyos operadores, entre ellos el notario oaxaqueño, Jorge Melo, gozan de impunidad.
Caleb Gómez Conzatti celebró esta revocación y reiteró que siguen sin recibir justicia, responsabilizando de todo acto al notario oaxaqueño que se encuentra prófugo, Jorge Melo.
La revocación del Tribunal Colegiado señalan que tras las pruebas analizadas, se demostró que en el registro civil de Oaxaca existían los registros de nacimientos, pero por alguna razón que se desconoce, fueron suprimidos en los libros físicos y en la base de datos.
“No hay prueba que justifique que ellos hubiera obedecido a una resolución o sentencia emitirá en algún juicio o procedimiento, es claro, lo suprimieron para apoderarse de nuestras propiedades”, reafirmó Herbe Gómez Conzatti.
Los hermanos exigieron que hace falta la judicialización de todos los involucrados, que incluye funcionarios del Registro Civil, Catastro y Notarios públicos de Oaxaca.
“No basta con la reposición de nuestros registros de nacimiento, cada día que pasa sin que se ejerza acción penal, corren peligro nuestras vidas”, expuso Caleb Gómez Conzatti al enfatizar que por denunciar, ahora son perseguidos y amenazados.
Razón or la que exigen que las autoridades de justicia deben cuanto antes judicializar a todos los involucrados.
Además del despojo que han denunciado los hermanos Conzatti, hay otras familias víctimas.
“No somos las únicas personas a las que han despojado de su patrimonio, son cientos las familias afectadas por esta mecánica de despojo, pero ¿cuántos tienen la posibilidad de acceder a mecanismos de defensa? Seguiremos exigiendo justicia por aquellos que no pudieron hacerlo, lo haremos por seguridad de nuestras familias, ¡seguiremos adelante por dignidad!”, resaltó.
La directora del Registro Civil de Oaxaca, Dulce Belén Uribe Mendoza informó que se ha coadyuvado con las instancias fiscalizadoras para las investigaciones por las denuncias presentadas por el cartel del despojo; en la actualidad existen 113 solicitudes por autoridades penales, de las cuales 106 son ante la Dirección de Quejas, Denuncia e Investigación de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública y siete de ellas ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.
Diana Manzo / Agencia de Noticias IstmoPress
