Pueblos del Valle de Oaxaca lamentan que por omisión de Ley General del Agua su territorio viva constantes violaciones
#Juchitán 10 Ago (#Istmopress) – Integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (Copuda) asentada en la región Xnizza de los Valles Centrales de Oaxaca, lamentaron que a diez meses de la firma de acuerdos con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el derecho de participar en la administración comunitaria del agua, exista una omisión administrativa del estado mexicano al no reformar la Ley General del Agua, lo que ha generado una constante violación a sus derechos humanos, es decir se privilegian a empresas mineras con sus megaproyectos y al pueblo no se le permite decidir.
En conferencia virtual, los representantes de los pueblos de la microrregión Ocotlán-Zimatlán e integrantes de la agrupación civil “Flor y Canto” puntualizaron que el gobierno federal tiene una deuda con los pueblos indígenas, pues ese decreto que permite que los pueblos indígenas decidan sobre su territorio, hoy no es una realidad, por que aun no tiene validez, por lo que solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador una audiencia de forma inmediata.
Un día después de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los representantes de los pueblos del valle de Oaxaca lamentaron que el gobierno federal a través de la Conagua, siga sin entender la importancia de una reforma al articulo 4º constitucional, pues la Ley General del Agua, aun no se concreta.
“Llegaron, se hizo la consulta, se fueron con la promesa de que la reforma pasaría y miren, llevamos 20 meses y nada, señor presidente, por favor, escúchanos tantito y haga valer los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio, nosotros vivimos aquí, sabemos de lo que pasa, hoy queremos acciones”.
Los campesinos y defensores comunitarios alegaron que ha sido lamentable que no exista la voluntad política de la Conagua para cumplir con los acuerdos pactados entre las 16 comunidades que conforma la Copuda, por que es su obligación cumplir con la emisión de normas que reconozcan los derechos territoriales y que permita la creación de la figura de “concesión colectiva” otorgada a las comunidades.
Carmen Santiago, defensora comunitaria, exigió al Consejero Jurídico de la Presidencia de la república, Julio Sherer Ibarra, una respuesta por escrito sobre la aceptación o rechazo del proyecto de decreto que se remitió a su instancia.
Cabe mencionar, que derivado del proceso de consulta que dilató aproximadamente 20 meses, aun no concluye el último y quinto proceso, que es: seguimiento y verificación de acuerdos, lo cual prohíbe levantar el decreto de veda de 1967 que impide el libre uso del agua agrícola.
Diana Manzo /Agencia de Noticias IstmoPress
