“ Defender el bosque no debería costarnos la vida”: Sin justicia y desplazados, así viven desde hace 5 años tres comunidades de Atatlahuca, Oaxaca
Diana Manzo
Oaxaca, Oax.- A cinco años de la quema de sus viviendas y desplazamiento forzado,res comunidades mixtecas de Oaxaca -Guerrero Grande, Ndonoyuji y Mier y Terán-, siguen esperando justicia, reparación y retorno integral a sus hogares.
Este infierno, como lo llaman, ocurrió el 20, 21 y 22 de octubre de 2021, en plena pandemia, cuando personas armadas ingresaron y prendieron fuego a sus casas, por lo que hoy viven desplazadas en diversos lugares.
Otras más, ocupantes de las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Tlaxiaco, hablan enojadas y preocupadas por la crisis de derechos humanos que enfrentan.
A dos horas y media de Tlaxiaco, Oaxaca y a ocho horas de la capital oaxaqueña atravesando un camino terracero cubierto de colinas verdes que forman el Cerro del Ratón y el llano de oyameles, considerados el pulmón de la mixteca de Oaxaca, está ubicada la comunidad de Guerrero Grande, donde viven 250 habitantes y junto con las comunidades de Mier y Terán y Ndoyonoyuji defienden su territorio de la tala clandestina.
En esta zona habitan indígenas Ñuu Savi (mixtecos). Atatlahuca significa ”Tierra colorada entre dos ríos” – Independencia y Morelos- y anualmente realizan festividades en honor a San Esteban.
El municipio de Atatlahuaca, Oaxaca está dividido en nueve agencias municipales, de las cuales Guerrero Grande, Mier y Terán y Ndoyonoyuji se han opuesto a la tala clandestina que se realiza en 2 mil 640 hectáreas de bosque, que, aseguran, ejerció en ese entonces el presidente municipal, Rogelio Bautista Barrios, y el comisariado ejidal, Eulogio Alvarado. La comunidad denuncia que esta última persona es la causante de la violencia que ahora viven.
Entre las personas perseguidas y amenazadas está Irma Galindo, defensora mixteca del bosque y originaria de Atatlahuca desaparecida desde el 2020. Alertó hace un año del conflicto interno que viven estas tres comunidades por la defensa del bosque. Ella fue una de las primeras víctimas de la violencia, en noviembre del 2019, cuando su casa fue incendiada.
“Nuestra vida comunitaria está afectada, lo perdimos todo, nuestros bienes, los medios de subsistencia. Algunas continuamos enfrentando las consecuencias del desplazamiento y la imposibilidad de regresar en condiciones seguras y dignas, y lo peor, no hay justicia ni castigo a quienes nos hicieron tanto daño”, recuerdan las mujeres de las comunidad de Ndonoyuji.
Mientras tejen paliacates y mantas para las tortillas, observan los rostros de las niñas y niños que desde hace cinco años no han vuelto a su terruño, y que eso significa una fractura con el entorno comunitario y social, pero que tristemente dicen, a nadie le interesa, o al menos, a las autoridades, no.
Sin mencionar nombres por miedo a más represalias, recuerdan que defender el bosque no debería lastimarles, pero ha sido todo lo contrario.
En Ndoyonuyuji, las familias desplazadas continúan esperando condiciones que permitan el retorno seguro, digno y voluntario, así como la recuperación de sus viviendas, su territorio y su vida comunitaria.
En Guerrero Grande, la reconstrucción impulsada por las propias familias demuestra su resistencia y voluntad de seguir viviendo como pueblo; sin embargo, el esfuerzo comunitario no exime al Estado de sus obligaciones de atención, protección y reparación.
En Mier y Terán persisten exigencias relacionadas con el reconocimiento de sus autoridades, el acceso efectivo a los recursos públicos y la atención de las necesidades de la comunidad.
La atención institucional no puede limitarse a acciones aisladas ni depender exclusivamente de la capacidad de resistencia de las víctimas. La reparación integral debe contemplar, según corresponda, restitución de derechos y bienes, reconstrucción de viviendas, atención médica y psicosocial, recuperación de los medios de vida, acceso a la justicia y medidas que impidan la repetición de estos hechos.
“La defensa no es una actividad aislada, porque representa la protección de nuestra vida, nuestra identidad, nuestros medios de subsistencia y el patrimonio natural que hemos heredado de nuestras ancestras y ancestros”, dijeron.
Por ello, exigieron que el conflicto agrario se atienda con pleno respeto a los 2derechos territoriales, la autonomía, los sistemas normativos y las formas de organización de nuestros pueblos, sin que las controversias agrarias se conviertan en justificación para tolerar la violencia o negar la protección de la población.
Recordaron, que el 21 de julio de 2022 fueron detenidas dos personas señaladas por su presunta participación en los ataques y quedaron en libertad al día siguiente.
“Exigimos que las investigaciones permitan esclarecer los asesinatos, las desapariciones, la quema de viviendas y las responsabilidades materiales e intelectuales, sin omisiones ni dilaciones injustificadas. La justicia no puede sustituirse por el paso del tiempo”, señalaron.
Por ultimo exigieron también una mesa interinstitucional de atención con autoridades federales y estatales y se logren acuerdos reales, porque hasta ahora todo ha sido mentiras y engaños.
**Oaxaca, ley de desplazamiento y todavia 27 comunidades desplazadas**
En el 2025, Oaxaca, avaló la ley de desplazamiento forzado, por lo que las comunidades que hasta hoy viven violencia, solicitaron se aplique y realmente se garantice un retorno seguro-
En Oaxaca las autoridades han informado que hay 27 comunidades que viven desplazamiento forzado , la mayoría por la violencia que genera la disputa territorial.
