Presentan en Oaxaca informe sobre implementación de consultas indígenas ante megaproyectos  

 

*En México no existe una ley general que regule el derecho de los pueblos indígenas a una consulta

 *Falta de diseño institucional, de diálogo entre sociedad civil y autoridad

 *Cada consulta debe crearse de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo y no generalizada

 

#Juchitán 15 Oct (#istmopress) – En el marco de la presentación del informe sobre la Implementación de la consulta y consentimiento previo libre e informado “Experiencias comparadas en América Latina y discusiones sobre una ley de consulta en México”, integrantes de diversas organizaciones sociales  como , OXFAM México, la Fundación para el Debido Proceso, el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, así como Servicios para una Educación Alternativa A. C. (Educa A. C.)  y la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca reconocieron que no existe en México una ley general que regule el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y  sobre decisiones estatales que puedan afectar los derechos sobre sus territorios y recursos naturales.

 

Dijeron que ante dicho vacío legal, los funcionarios estatales se han guiado, en general, por los lineamientos establecidos en un protocolo sobre consulta elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Además, a raíz de la Reforma Energética de 2013, se han desarrollado protocolos específicos para procesos de consulta en relación con proyectos vinculados al sector energético.

 

“Los procesos de consulta que se han llevado a cabo en México emanan sobre todo de sentencias dictadas en acciones judiciales emprendidas por comunidades y pueblos indígenas”, indicaron en un comunicado.

 

 En la presentación  del informe participaron Roberto Stefani, de OXFAM México; Daniel Cerqueira, de Fundación para el Debido Proceso; Carmen Santiago Alonso, de Flor y Canto A. C., y Ana María García, de Educa A. C.

 

El coordinador general de Fortalecimiento a la Cultura de los Derechos Humanos de la Defensoría, Mario Hernández Martínez, destacó que las organizaciones que participaron en esta actividad tienen una gran trayectoria de trabajo comunitario, perspectiva de derechos humanos de justicia y comparten el tema de la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

 

Daniel Cerqueira, de Fundación para el Debido Proceso, señaló que el Informe surgió el año pasado, si bien se ha acompañado desde 2015 a las agrupaciones Flor y Canto y Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda) en la consulta que se sigue llevando a cabo en los valles centrales, y en otro proceso que fue el diseño del Plan Nacional de Derechos Humanos que se estaba diseñando en el país. Una de las propuestas de ese plan empezó con el debate de por qué incluir en el Plan Nacional una Ley de Consulta, abundó.

 

El Consejero Ciudadano de la Defensoría Bernardo Rodríguez Alamilla, expuso que es importante que las diversas autoridades visualicen a las comunidades indígenas como verdaderos sujetos de derecho, pues uno de los grandes problemas de la mayoría de las legislaciones que existen en el país es que a estos pueblos se les ve como sujetos colectivos por los cuales hay que decidir y representar.

 

El consejero Ciudadano resaltó algunos puntos importantes de la intervención del representante de la Fundación para el Debido Proceso, como la dificultad de establecer un proceso de consulta general, dada la diversidad de cosmovisiones de los pueblos y comunidades en nuestro país, y también, que cualquier proceso de Consulta tiene que nacer de esas propias comunidades.

 

En cuanto al contexto de la consulta previa y el desarrollo normativo de derechos fundamentales, señaló que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo fue creado en junio de 1989. México fue el segundo país que ratifico el Convenio, seguido por Noruega, subrayó.

 

Carmen Santiago, de Flor y Canto A. C., Carmen Santiago se refirió al proceso de la consulta que se está llevando a cabo en los Valles Centrales de Oaxaca desde agosto de 2015.

 

Reprochó que las instituciones de gobierno –en este caso, Conagua– han desobedecido a un tribunal que ordenó realizar la consulta, y expuso que si las instancias de gobierno desobedecen un mandato judicial, qué se puede esperar que hagan cuando una comunidad indígena zapoteca se organiza y demuestra sus capacidades para resolver un problema, que en este caso es la falta de agua para la agricultura y el uso diario

 

Recalcó que ese es el problema que agrupa a 16 comunidades de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua desde el año 2005, cuando a los agricultores de los Valles de Ocotlán y Zimatlán les llegó una carta de Conagua que les pedía pasar a liquidar una cantidad de agua que ellos no habían utilizado.

 

Finalmente, Ana María García, de Educa A. C., señaló las fallas que se han notado durante las consultas, como la falta de diseño institucional, así como la falta de diálogo entre sociedad civil y autoridad. La estructura de las instituciones –abundó– adolece de un mecanismo inoperante, falta comunicación entre las instancias oficiales, falta de respeto a las autoridades municipales y discriminación en las prácticas de funcionarios públicos.

 

El documento del Informe señala que el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y tribales es un componente esencial en la construcción de sociedades democráticas.

  Diana Manzo / Agencia IstmoPress

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