Mineras responsables de 22 casos de violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas

“Exigen  que Oaxaca se catalogue como “libre de minería”

 

#Juchitán 13 Oct (#istmopress) – En el marco del “Juicio Popular Comunitario en contra del Estado y las empresas mineras”, las comunidades que defienden su territorio contra la expropiación minera dieron a conocer que existen 22 casos de violaciones a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas porque que exigieron la  cancelación de concesiones y derogación de la Ley Minera, es decir se declaró a Oaxaca como “libre de la minería”.

 

Con la participación de comunidades, organizaciones  sociales entre ellas Educa A.C., Código DH, Flor y Canto, entre otros además de pueblos  que resisten a los megaproyectos, en especial a los de minería, denunciaron  asesinatos de personas defensoras, contaminación de los bienes comunes y fractura de las instancias de organización comunitaria como resultado de la actividad minera en el estado de Oaxaca.

 

También se solicitó que  se lleve a cabo la ratificación por parte del Senado de la República, del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

 

Estuvieron presentes autoridades y miembros de los pueblos Chatino, Chontal, Cuicateco Ikoots, Mixe, Mixteco, Zapoteco y mestizo, en representación de 52 comunidades de regiones de Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Sur, Istmo, Mixteca y Cuicateca.

 

El Juicio Popular hizo posible que los pueblos y comunidades ejercieran su derecho a la protesta, la libre determinación y autonomía en un espacio seguro, lo que les permitió denunciar abusos y violaciones a derechos fundamentales, ante la incapacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones e impartir justicia.

 

Los  representantes de los pueblos presentaron evidencias para denunciar proyectos mineros que se implementan con engaños o condicionamientos -incluyendo la criminalización y la represión- violentando el derecho a la vida de las personas y el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.

 

Las denuncias fueron presentadas a un jurado integrado por expertas y expertos internacionales de diversos paises, dando cuenta de la forma en que los proyectos mineros debilitan las instancias de organización como las asambleas comunitarias, atacan e incluso desaparecen o asesinan a personas defensoras, contaminan el agua y destruyen las zonas de siembra, ante la omisión o complicidad del estado.

 

Actualmente se encuentran activos en Oaxaca, 41 proyectos mineros que pertenecen empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México. La Secretaría de Economía ha otorgado 322 concesiones mineras de 2002 a 2016 en el estado de Oaxaca. Estas concesiones abarcan una superficie total de 462 mil 974 hectáreas.

 

 

Uno de los testimonios de mayores afectaciones al tejido comunitario fue presentado por habitantes de San José del Progreso, comunidad donde la mina Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines trabaja en la explotación de oro y plata desde 2011.

 

Francisco Vásquez Sánchez, presidente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) explicó que sus parcelas que se ubican cerca de la minera se han dañado, además han encarcelado a dos defensores, a Bernardo Vázquez Sánchez y a Bernardo Méndez, por lo que exigimos la cancelación de la minera Cuzcatlán y de todas las empresas en el estado de Oaxaca.

 

 

El jurado contó con el apoyo de los peritos, Ana de Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio del Campo Mexicano (CECCAM); Saul Rosado Zaidi del Colectivo Multidisciplinario por las Alternativas Locales (COMAL) y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) y Saúl Aquino, ciudadano de Capulálpam de Méndez.

 

Finalmente el jurado después de escuchar una serie de testimonios, solicitó con urgencia adoptar  medidas y políticas que garanticen de manera plena y efectiva el ejercicio de la libre determinación, autonomía, formas de gobierno y relación con sus territorios, lagunas, ríos, montañas y mares; así como estricto respeto de sus Sistemas normativos.

 

Asimismo garantizar “la vida”  a quienes defienden los territorios indígenas frente a los impactos de las industrias extractivas, el ejercicio del derecho a defender sus derechos en condiciones de libertad y seguridad.

 

Y finalmente la creación de un mecanismo efectivo y culturalmente adecuado para garantizar el acceso a información oportuna para los Pueblos indígenas, relacionada con planes y proyectos que pudieran afectar sus territorios y bienes comunes.

  Diana Manzo / Agencia IstmoPress

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