OSCs de EUA y México llaman al gobierno mexicano a no participar en medidas que limitan acceso al asilo

#México 27 Dic (#istmopress).- Organizaciones de la sociedad civil de México y Estados Unidos entregaron el día hoy una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, para solicitarles pongan fin a su colaboración, directa o indirecta, con una política que convierte a México en cómplice de violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo en Estados Unidos.

“Si México no renuncia a cualquier entendimiento que facilite la implementación de la Sección 235 (b) (2) (C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de los Estados Unidos, antes de que se desarrolle la logística y los procedimientos entre ambos países, nos preocupa seriamente que esto se convierta en una situación permanente.”

Esta política de Estados Unidos (EUA), no sólo es un esfuerzo por externalizar su frontera hacia territorio mexicano, sino también una violación al debido proceso de las personas solicitantes de asilo, ya que hará más difícil la asesoría legal y la capacidad de presentar argumentos legítimos de defensa en su proceso ante los tribunales estadounidenses. Además de obstaculizar el derecho a la unidad familiar.

Por otro lado, obligar a las personas solicitantes de asilo a permanecer en México no disuadirá a quienes huyen de las pandillas, los cárteles, la violencia doméstica, y las amenazas contra sus vidas, por el contrario, continuarán llegando a la frontera y se incrementará el tiempo de espera para la resolución de casos.

México tiene la facultad de rechazar cualquier “decisión unilateral” que lo convierta en un país que contribuya a evadir la responsabilidad en materia de protección internacional de EUA; a violar el derecho de solicitar asilo en el país de su preferencia, el derecho a la unidad familiar, el Trafficking Victims Protection Act (TVPRA) y las protecciones especiales para la niñez no acompañada, así como la seguridad de quienes solicitan asilo y su derecho absoluto de non-refoulement, toda vez que la frontera norte de México presente altos índices de violencia.

El gobierno mexicano debe aclarar que no aceptará el retorno o traslado involuntario de las personas solicitantes de asilo por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EUA. En vez de un acuerdo para obstaculizar el acceso al asilo, pese a que la Cancillería mexicana haya anunciado que “acepta esta imposición del gobierno de EUA por humanidad” -no es más que un eufemismo y la colaboración con un gobierno que busca evadir su responsabilidad de protección internacional, ambos países deberían trabajar para fortalecer sus sistemas de asilo.

En Estados Unidos, en 2018 más de 93,000 personas pidieron asilo en la frontera con México, a ello se suman las 300,000 solicitudes que tiene pendientes de resolver, situación que incrementa el tiempo de espera de las personas, que va de 6 meses a 4 años. Mientras que en México existen solicitudes de asilo desde 2016 que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados no ha resulto. Por su parte el alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha proyectado que para 2019 el país recibirá más de 80,000 mil solicitudes de asilo.

Cabe señalar que desde mayo del presente año hemos insistido y argumentado el por qué México no puede aceptar ningún acuerdo, directo o indirecto, que lo convierta en filtro migratorio de Estados Unidos.

Agencia de Noticias Istmopress

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