972 títulos mineros otorgados para Oaxaca sin consulta a pueblos y comunidades

#Juchitán 21 junio (#Istmopress).- Desde enero de 2002 y hasta abril de 2016 la Secretaría de Economía otorgó 972 títulos de concesión minera en Oaxaca , de las cuales actualmente 299 están vigentes y abarcan una superficie total de 462’974 hectáreas, que representan el 5% del territorio estatal informó Neftalí Reyes Méndez, encargado del Área de Derechos Territoriales de la organización social “ Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C”.

En un estudio presentado por Reyes Méndez explicó que en todo el país se encuentran concesionadas 52 millones de hectáreas a empresas mineras y que en Oaxaca hasta el pasado mes de julio son 35 proyectos mineros que se encuentran registrados ante la Secretaría de Economía por 38 empresas registradas en Canadá, USA, Perú, Australia y México.

El especialista informó que según datos de la Secretaría de Economía, 29 proyectos mineros se encuentran en etapa de exploración, 2 en etapa de desarrollo, 2 postergados y 2 en etapa de explotación. “Los dos últimos han sido ubicados por el Gobierno del Estado de Oaxaca que encabeza Gabino Cué como dos de los proyectos mineros más importantes de la historia de la entidad, generando una inversión privada durante el periodo 2011-2015 por 6 mil 382 millones de pesos, lo cual ha colocado al estado en el séptimo lugar nacional en producción minera”.

Las empresas que están dentro de estos proyectos mineros son: Sundance Minerals, Minaurum Gold inc, Gold Resource Corp, Big North Graphle Corp, Ichesa peake Gold Corp, Almadem Mineralls entre otros más distribuidas en los municipios de Oaxaca.

En el trabajo de campo que realizó Reyes Méndez constató que la presencia de la minería ha provocado problemáticas graves en diversas comunidades, principalmente donde se han otorgado concesiones mineras, o donde se realizan actividades de prospección, exploración y explotación de minerales.

Las concesiones mineras se otorgaron en 90 municipios del estado de Oaxaca entre los que destacan la zona oriente del Istmo de Tehuantepec y también Ciudad Ixtepec por un periodo de 50 años.

“A los municipios que se les otorgó concesiones no se les consultó al momento de entregar las concesiones mineras, éstas han sido entregadas en ejidos y comunidades agrarias que tradicionalmente tienen uso para la agricultura comercial y de autoconsumo, ganadería, pesca, son sitios sagrados e incluso abarcan centros poblacionales”, resaltó.

El experto señaló que las comunidades no tienen información sobre el tamaño de la concesión, su vigencia, el titular, entre los datos más relevantes.

Aclaró que durante su investigación, la información proporcionada a las comunidades en Oaxaca por el gobierno federal, estatal y empresas involucradas ha sido discrecional, porque no se informa sobre la escala del proyecto o los posibles impactos que esta actividad ha generado en otros estados de la república en los ámbitos social, político, ambiental y cultural.

En la región del Istmo, existen grupos de organizaciones civiles que se han articulado contra la minera y la cancelación de las concesiones entre los que destacan el Comité de Defensa Tierra y territorio y Grupo Ecologista Zanatepec bajo el argumento de las violaciones a sus derechos como pueblos y comunidades indígenas, principalmente el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, al territorio, a la libre determinación, al desarrollo desde su propia cosmovisión y a la información pública.

El experto precisó que sin embargo el marco legal, no establece ningún mecanismo para su cancelación, a excepción de la decisión de la empresa para desistirse, terminación de la vigencia o resolución judicial, aunado a que la actividad minera tiene preferencia sobre cualquier otro uso o aprovechamiento que se da a la tierra, por lo que colocan en total desprotección a los pueblos y comunidades del estado de Oaxaca y al ejercicio de sus derechos, incluso el derecho a la defensa.

En un apartado de su informe, el experto da a conocer las preocupaciones en materia de derechos de pueblos indígenas e inversión minera en la cual pone de ejemplo al proyecto San José operado por la empresa “Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V” filial de la canadiense “Fortuna Silver Mines”, donde se han documentado 4 asesinatos derivados directamente del conflicto minero entre 2010 y 2012, 8 personas heridas por arma de fuego en ese mismo periodo.

La llegada de la minería a San José también ha ocasionado que 4 personas defensoras de los derechos humanos cuentan con medidas cautelares emitidas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), además de provocar una división profunda en la comunidad generada por la instalación del proyecto.

Como dato adicional, el especialista aportó que el proyecto se encuentra entre los más relevantes en México para la explotación de plata con recursos por 62 millones de dólares, sin embargo la aportación de sus ganancias totales al erario federal y municipal ha sido del 1 por ciento.

Detalló en su reporte que Manifestación de Impacto Ambiental, el cual es un requisito previo a la explotación de minerales, tanto las empresas involucradas y el gobierno federal son juez y parte, ya que los estudios sobre posibles impactos ambientales son realizados con recursos de las empresas interesadas y aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la cual las comunidades no tienen participación ya que no pueden tener acceso a los resultados de los estudios, además de que la escasa información que existe resulta demasiado técnica y con un lenguaje culturalmente inapropiado.

Por último suscribió que las autoridades mexicanas lejos de reconocer los graves impactos producidos por la actividad minera, promocionan y generan las condiciones sociales, políticas y legislativas para permitir “legalmente” y el actuar del Estado Mexicano está regulado por los intereses privados del sector empresarial, por lo que se ha configurado como el gestor principal de proyectos mineros y voceros de los beneficios para el desarrollo económico de Oaxaca.

 

Diana Manzo/Agencia de Noticias Istmopress

 

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