Mujeres sufren violencia, incluso de las instituciones dedicadas a protegerlas
#Juchitán 25 nov (#istmopress).- Josefina pensó que el amor a su pareja nunca se acabaría, fue novia de Luis Armando tres años, finalmente se casaron y tuvieron una hija que actualmente tiene cinco años de edad, él es ingeniero y ella administradora de empresas, ambos no gozan de un trabajo fijo y asalariado, después de dos años de casados se separaron por violencia física, psicológica y manipulación económica; ella solicitó el divorcio y por lo consiguiente la pensión alimentaria, después de una serie de discusiones finalmente el juez de lo familiar en Juchitán dictó que recibiría 73.40 pesos diarios que es el salario mínimo.
En la región del Istmo existen siete juzgados familiares adscritos al Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca , dos en Juchitán y dos en Salina Cruz, 1 en Matías Romero, en Tehuantepec y Zanatepec de los cuales aproximadamente genera un promedio de 900 expedientes por juzgados en el tema de pensión alimentaria.
En Oaxaca no solo los feminicidios -que suman más de cien en este año, según el informe reciente de Consorcio Oaxaca-también los golpes y las agresiones verbales son tipos de violencia que sufren miles de oaxaqueñas. Además muchas mujeres sufren de violencia económica que, a diferencia de los otros tipos de violencia, se puede generar no sólo cuando viven con su pareja sino que se perpetúa aun estando separados, siendo permitido en muchos casospor las propias instituciones encargadas de impartir justicia, como son “los juzgados familiares”, quienes a través de los funcionarios como los jueces aplican criterios económicos a su antojo, con lo cual se legitima que los agresores continúen cometiendo abusos contra sus parejas. Esto no solo ocurre en Oaxaca sino en el resto de las entidades federativas.
“Si la pareja trabaja y recibe un sueldo fijo, el juez le aplica un 10 por ciento para pensión alimentaria a la esposa más otro porcentaje al hijo o hijos, pero si la ex pareja no goza de un salario fijo entonces le aplica el salario mínimo de 73 pesos con 40 centavos diarios y finalmente si no trabaja entonces no se le obliga”, explicó Josefina.
Y si la mujer trabaja, no le toca el 10 por ciento como pensión alimentaria y únicamente se le da un porcentaje de 10 a 15 por ciento por hijo.
La violencia económica es una forma de violencia doméstica, donde el abusador controla todo lo que ingresa sin importarle quién lo haya ganado, manipula el dinero, dirige, y es el dueño absoluto de todos los bienes. Es un delito que afecta a numerosas mujeres y a sus hijos, y es el segundo tipo de agresión que padecen las mujeres, después de la violencia emocional.
Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (ENDIREH), la mayoría de las mujeres separadas o divorciadas (77.7%) ha sido sometida a agresiones de todo tipo por parte de sus ex-parejas o ex-esposos, principalmente violencia física y/o sexual junto con alguna de los otros tipos de violencia (45.4%), por ejemploque una mujer sea víctima de violencia física, emocional y económica o violencia física y/o sexual, emocional y/o económica.
Josefina cuando supo que recibiría 73.40 pesos y su hija otros 73.40 pesos por concepto de pensión alimentaria quiso “tirar la toalla” y abandonar “el barco”, la decepción fue total porque calificó este dictamen como “injusto, insensible y violatorio de todo derecho fundamental de la subsistencia”, su ex marido es un gran constructor y tiene varias obras públicas que está realizando en diversos municipios de Oaxaca.
La violencia económica para Josefina pasó desapercibida durante su matrimonio, se preocupaba más en que no le fueran a pegar, porque de insultos estaba “curada”, era casi a diario que a su ex pareja no le gustara la comida, a diario le pedía cuentas de sus actividades y él manejaba todos los gastos, solo le daba 150 al día para la comida.
“Él fue proveedor por excelencia. En la casa no falta nada, el refrigerador lleno, todos los servicios pagados, pero TODO es de él, nos controlaba cada peso, supervisó todo lo que gastaba y no me dio efectivo (todo es con tarjeta, pues así vigila y controla los gastos), y siempre me amenazó con quitarme todo, hasta con quedarse con mi hija”, relató Josefina.
El abogado Juan Carlos Gómez Rementería quién tiene un despacho en Juchitán informó que de enero a la fecha lleva un promedio de treinta casos de mujeres que han solicitado pensión y que en su totalidad las mujeres reciben un 10 por ciento del salario mínimo que es 73 pesos con 40 centavos diarios.
Explicó que el “criterio único” de aplicación de justicia en el tema de las pensiones alimentarias para las mujeres de parte de los jueces de los juzgados familiares es “injusto” y violenta la estabilidad no solo económica de la mujer sino la hace más vulnerable por que no le alcanza y la obliga a buscar otra actividad para sobrevivir.
Lamentó que existe la falta de sensibilidad en los juzgados y tampoco se tome en cuenta los tratados internacionales que ha pactado el país en materia de las mujeres, debido a que todo se hace por “criterio” que finalmente daña la vida de los hijos e hijas.
El abogado explicó que los divorcios actualmente son encausados, es decir basta la voluntad de cualquier de ellos de divorciarse sin causa justificada, pero lo más lamentable agregó es que ahora “cualquiera se casa y se divorcia a la vez”.
Añadió también que en los juzgados no existe ayuda psicológica y emocional para ayudar a la mujer que lo requiere.
“Llegamos con ellas y en los juzgados ya tienen un formato de cada área, la de psicología y de las actas, simplemente le cambian el nombre y datos personales y de ahí es lo mismo, todo es una utopía, hacen como que trabajan pero no encausan los problemas, no investigan, no hay sensibilidad de la gente que labora ahí, es lamentable que el criterio solo lo apliquen para las mujeres oaxaqueñas”, explicó.
Existen tres tipos de agresores de la violencia económica, el primero «vive de su mujer», es decir, ella mantiene el hogar, y éste se atribuye el derecho de manejar todo el patrimonio como si fuera el dueño absoluto, y de esa forma, fiscaliza y supervisa todos los gastos, ingresos y demás decisiones.
Otro tipo de agresor es aquel que actúa de una manera muy sutil: dice que no tiene dinero, que tiene que ayudar a su madre, que le robaron la cartera, que le bajaron el sueldo (nunca dice cuánto gana), algunos incluso tienen sus cuentas y bienes a nombre de otros.
Y también está quien no permite a su pareja que trabaje por cuenta propia y obtenga un ingreso para sus gastos personales y del hogar, obligándola solamente a realizar las labores domésticas y controlando todos los gastos de la familia, privándola de algún sustento para sus gastos personales.
La abogada y especialista en derechos humanos, Mayra López Pineda explicó que la violencia contra las mujeres ha sido muy difícil de prevenir y erradicar no sólo porque el machismo sigue vigente en la sociedad sino que a las mismas autoridades y funcionarios encargados de prevenirla y sancionarla les hace falta mucha sensibilidad para atender el tema.
Reiteró que no solo se trata de que una mujer víctima de violencia presente una denuncia ante las autoridades sino que es necesario que el Estado Mexicano a través de sus funcionarios públicos consideren que una mujer que sufre violencia por parte de su pareja u otro integrante de su familia está viviendo un clico de violencia del cual le es difícil salir para tomar la decisión de denunciar al agresor, por lo que requiere de un acompañamiento de carácter psicológico, legal y médico, que le permitan no solo denunciar sino recuperarse de las secuelas que deja la violencia.
“Una mujer que decide poner fin al ciclo de violencia y denuncia requiere de una atención integral por parte de las autoridades, que le permita fortalecerse en diversos aspectos, que pueden ser: psicológico, legal, médico y económico. Es decir, requiere de un acompañamiento psicosocial que le permita fortalecer su autoestima; atención médica, ya que la violencia deja secuelas en la salud de las mujeres; legal para saber sus derechos además de que el agresor sea sancionado y; económica, mediante la cual las autoridades obliguen a las parejas a cumplir con las pensiones alimenticias además de políticas públicas que ayuden a las mujeres a obtener un empleo, si es que no lo tienen”.
López Pineda reconoció que los funcionarios y también las dependencias en México, Oaxaca e Istmo no han dimensionado la violencia contra la mujer, por lo que es urgente que realicen un análisis más profundo sobre las causas y orígenes de la violencia además de las historias de vida de las mujeres, incluyendo el ciclo de la violencia.
La especialista reconoció que cuando una mujer vive violencia en cualquiera de sus categorías y no tiene el apoyo suficiente por parte de las autoridades y de las personas cercanas a ella, es muy probable que sea víctima de feminicidio. Ante esta falta de apoyo muchas mujeres llegan a considerar como alternativas para acabar con la vida de agresiones, el suicidio porque considera que no merece vivir o tomar como “normal” los golpes, insultos y la falta de dinero. Abundó que gran parte de las mujeres víctimas de feminicidios en algún momento acudieron a levantar una denuncia es decir existe un antecedente de que se acercaron a una autoridad y ésta omitió y no dio seguimiento.
Por último ambos especialistas coincidieron que la violencia económica y las formas en que se ejerce son aún desconocidas por las mujeres, sobre todo cuando se expresa mediante actos de violencia física y emocional, teniendo serias repercusiones sobre la autoestima y el empoderamiento de las mujeres. Muchas mujeres se convierten en mendigas en sus propios hogares, al tener que estar pidiendo dinero para cubrir las necesidades básicas de la familia. Cuando las mujeres se ven obligadas a asumir solas el cuidado y mantenimiento de los hijos debido a la irresponsabilidad de los padres, se vuelven más vulnerables a caer en la pobreza extrema, pues la mayoría no tienen empleo ni cuentan con otra fuente de ingresos.
Diana Manzo / Agencia de Noticias IstmoPress
